Contraloría ejecutará más de 30 mil servicios de control en 2027 y requiere más recursos para restituir su capacidad operativa
Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República (CGR) tiene asignado
un presupuesto institucional de S/ 988.7 millones para el año fiscal 2027, y
con ello se estima cumplir la meta de realizar 30 600 servicios de control,
informó hoy el vicecontralor de control gubernamental, Janes Rodríguez, durante
su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuental General de
la República del Congreso, quien solicitó aprobar recursos adicionales para
restituir la capacidad operativa del máximo ente del Sistema Nacional de
Control.
Durante su exposición, el representante de la Contraloría
indicó que en el 2027 se tiene previsto ejecutar 600 servicios de control
previo, 21 000 servicios de control simultáneo y 9000 servicios de control
posterior. Entre los ámbitos priorizados para el control gubernamental del 2027
figuran el Fenómeno de El Niño y la gestión de desastres, las obras públicas
paralizadas y su reactivación, la continuidad de servicios regionales y
municipales ante el cambio de gestión, la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario,
salud, educación y protección social, entre otros.
Sin embargo, también advirtió que en el presupuesto del
2027 se han asignado recursos que permiten restituir parcialmente la capacidad
operativa de la CGR en el marco de la Ley n.° 30742 , denominada Ley de
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control (SNC). Por ello, planteó un requerimiento de recursos
adicionales por la suma de S/ 163.4 millones para el próximo año.
En caso de no atenderse la demanda adicional de recursos de
la Contraloría, señaló que se pondría en riesgo la sostenbilidad del personal
especializado para los servicios de control a nivel nacional y se afectaría el
normal funcionamiento operativo de la entidad para la realización de los
servicios de control, así como la operatividad e implementación de los Órgano
de Control Institucional (OCI) en las entidades públicas
También se pone en riesgo la continuidad en la ejecución de
inversiones en obras, sistemas tecnológicos, especialización de auditores y la
mejora continua de la Contraloría, así como el pago de sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada en materia laboral y pensionaria, y el cumplimiento de
mandatos judiciales y resoluciones del Tribunal del Servicio Civil y las
obligaciones previsionales.
Resultados 2026
El vicecontralor indicó que entre el 1 de enero y el 30 de
setiembre de 2026, la Contraloría ha ejecutado un total de 30 137 servicios de
control, lo que significa un 105.5 % de avance de cumplimiento de la meta del
presente año, que es de 28 579 servicios de control. Del total ejecutado, 795
son servicios de control previo, 20 442 son de control simultáneo y 8900 de
control posterior.
En el caso de los 20 442 servicios de control simultáneo,
estos han permitido alertar 31 570 situaciones adversas (hechos que afectan o
pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de objetivos de un
proceso en curso en el sector público) en 3003 entidades públicas. El 21 % de
situaciones adversas está vinculado a hechos identificados en los servicios de
control concurrente a las inversiones públicas y el 12 %, a alertas sobre las
labores de prevención ante al Fenómeno de El Niño.
Como parte de los servicios de control simultáneo, también
están 259 informes de control preventivo a las obras públicas paralizadas, que
han permitido la reanudación de 109 obras públicas, cuyo valor asciende a S/
4300 millones y que beneficiarán a cinco millones de personas. La mayor
cantidad de obras reactivadas están en las regiones de Arequipa (24), Cusco
(13), Áncash (9), Lima (7), San Martín (7), Puno (6) y Ucayali (5).
“El 2027 continuaremos priorizando el control preventivo
para reducir las brechas de infraestructura”, aseguró Rodríguez, quien estimó
que el próximo año se intervendrán 260 obras y la expectativa es contribuir a
la reactivación del 40 % de intervenciones, priorizando los sectores de salud,
saneamiento, educación, transporte y agricultura a favor de la rentabilidad
social.