Congreso propone regular capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia
Chiclayo en Línea. - A iniciativa del diputado Frank Krklec Torres, los integrantes del
grupo parlamentario de Renovación Popular de la Cámara de Diputados,
presentaron una propuesta legislativa que regula la capacidad operativa de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y fortalece el Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA).
El proyecto de ley tiene como objeto regular la capacidad de la
DINI para planificar y ejecutar actividades operativas de inteligencia y
contrainteligencia destinadas a producir inteligencia estratégica frente a
amenazas contra la seguridad nacional, así como establecer disposiciones para
la articulación de los componentes del SINA.
Del mismo modo, la propuesta legislativa busca cerrar la brecha
entre la rectoría que la DINI ejerce sobre el SINA y la imposibilidad legal de
ejecutar, por sí misma, actividades operativas de obtención de información para
la inteligencia estratégica que le corresponde producir.
Con esa finalidad se propone modificar el artículo 16 del Decreto
Legislativo 1141, de Fortalecimiento y Modernización del SINA y de la DINI, a
fin de permitir a esta última ejecutar actividades operativas de inteligencia y
contrainteligencia.
"En el ámbito de sus competencias y de conformidad con el Plan
de Inteligencia Nacional-PIN, la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI puede
ejecutar actividades operativas de inteligencia y contrainteligencia destinadas
a obtener información necesaria para la producción de inteligencia estratégica
y la protección de las capacidades nacionales”, establece la propuesta.
También plantea modificar el artículo 17 del citado decreto
legislativo relacionado a la producción de inteligencia estratégica para el
Presidente de la República y el Consejo de Ministros, para la formulación y
ejecución de las acciones políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de
los Derechos Humanos, defender la soberanía nacional, promover el bienestar
general y proteger a la población de amenazas internas y externas contra su
seguridad.
Para el cumplimiento de esta función, la DINI realizará actividades
operativas de inteligencia orientadas a la obtención de información sobre
terrorismo y sus fuentes de financiamiento; espionaje e injerencia extranjera;
organizaciones criminales transnacionales que constituyan una amenaza para la
seguridad nacional; y amenazas graves contra activos críticos nacionales.
"Estas actividades se desarrollan con sujeción a los
principios que rigen la actividad de inteligencia previstos en el artículo 3
del presente Decreto Legislativo y con respeto de los derechos fundamentales”,
añade la propuesta.
También propone que los procedimientos especiales de obtención de
información que restrinjan derechos fundamentales requieren autorización
judicial previa y que en situaciones de peligro grave e inminente para la
seguridad nacional, la solicitud tiene carácter urgente y preferente.
Estas propuestas están contenidas en la Proposición Legislativa
00649-2026-2031-CD, presentada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa es respaldada por los diputados de Renovación Popular
Roxana Rocha Gallegos, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo
Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne,
Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.
PROHIBICIONES
No obstante, la propuesta legislativa establece algunas
prohibiciones y establece que las capacidades de inteligencia reguladas no
pueden utilizarse para obtener información sobre una persona exclusivamente por
sus opiniones políticas, su actividad periodística, sus creencias religiosas,
su afiliación sindical o su participación lícita en organizaciones políticas,
sociales o civiles.
Tampoco podrán usarse para favorecer o perjudicar a organizaciones
políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés; intervenir en
controversias políticas, electorales, sindicales o sociales ajenas a los
objetivos legítimos de la actividad de inteligencia; o realizar investigación
criminal ordinaria o sustituir las competencias constitucionales y legales del
Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.
Igualmente, se prohíbe perseguir una finalidad distinta de los
objetivos de la actividad de inteligencia establecidos por la Constitución y la
ley.
"La orden manifiestamente contraria a estas prohibiciones no
genera deber de obediencia. Quien tome conocimiento de su planificación o
ejecución la comunicará a los órganos de control competentes. Esa comunicación,
hecha conforme al procedimiento reglamentario, no constituye infracción del
deber de reserva. La identidad del denunciante es reservada. Queda prohibida
toda represalia derivada de una comunicación efectuada de buena fe”, precisa la
iniciativa legal. (Fuente: texto y foto agencia Andina)