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(Perú en Línea) “La lucha es compleja y prolongada, porque hay que alterar el comportamiento de personas y modificar la inercia de instituciones”, dijo Eduardo Vega Luna, al presentar el informe final de la Comisión Presidencial de Integridad, que contiene 100 medidas concretas en la lucha anticorrupción; insistiendo en la urgencia de dar muestras claras a la ciudadanía "de que no aceptamos convivir con la corrupción y que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para erradicarla".
Acompañado de las personalidades que integraron la mencionada comisión, Vega Luna se dirigió al presidente de la República, y le manifestó: “Estamos seguros de que usted mantendrá esa firme voluntad y que liderará el esfuerzo del Estado, de cada una sus autoridades y ciudadanos para por fin tener un país que lucha de verdad contra la corrupción”.
Luego de ofrecer un breve diagnóstico de la corrupción en el país compartió algunas de las medidas más urgentes para la lucha anticorrupción, comprendidas en las 100 propuestas presentadas en el informe de la Comisión de Integridad. “La ciudadanía requiere señales muy claras y una voluntad real desde el más alto nivel”, insistió.
LA MEDIDA ANTICORRUPCIÓN INICIAL
El ex Defensor del Pueblo, aseguró que para que las propuestas funcionen es necesario una medida inicial y que sea ejemplificadora: que los altos funcionarios del país y los asesores directos de la Presidencia presenten y publiquen en internet una Declaración Jurada de Intereses que contenga información sobre sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Esto incluiría a congresistas, magistrados supremos, gobernadores regionales y alcaldes.
LAS GRANDES OBRAS PÚBLICAS Y LOS “INTERESES SUBALTERNOS”
“La cuestionada figura del postor único, los indicios de concertación entre postores, y las corruptelas en las compras públicas, entre otros factores, son hechos que el Estado no puede ignorar”, dijo Vega.
Así la Comisión de Integridad propone que el Estado se comprometa a aprobar, implementar y respetar un Plan Nacional de Infraestructura para los próximos 20 años que haga previsible y transparente la forma en que el Estado invierte los recursos de todos los peruanos.
También sostuvo que es necesario transparentar las compras públicas, potenciar las compras corporativas, revisar y certificar a los proveedores del Estado y eliminar el arbitraje Ad hoc de las contrataciones públicas.
“REFORMA DE LA JUSTICIA PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD”
“Necesitamos que la justicia identifique a los altos funcionarios que delinquen y que sea capaz de intervenir en situaciones de flagrancia y frente a graves casos de corrupción. Es necesario establecer la obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar las denuncias de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios.
Por ello proponemos crear un Sistema de Justicia Especializado en Delitos de Corrupción conformado por cuerpos especializados del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría General de la República”.
La propuesta señala que este sistema debe contar con el apoyo del Estado y organismos y fuentes de la cooperación internacional que le garanticen los recursos necesarios y debe estar integrado por personal de elevado nivel ético, altamente calificado y sometido a permanente evaluación.
REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL Y DE LOS PARTIDOS
Para Vega Luna es urgente la implementación de la reforma del sistema electoral y de los partidos para evitar que los dineros ilícitos ingresen a la política.
La Comisión de Integridad propone prohibir que personas condenadas por delitos graves se presenten como candidatos o sean elegidas para cargos directivos dentro de sus organizaciones.
Además, sostiene, debe prohibirse y sancionarse las donaciones anónimas y bancarizarse todos los aportes dinerarios, otros ingresos y gastos de las organizaciones políticas, a partir de 1 UIT.
“También proponemos fijar un tope de 10% del monto anual o por campaña que las organizaciones políticas pueden captar por actividades de proselitismo. Igualmente, las organizaciones políticas, en virtud del artículo 35 de la Constitución, deben estar obligadas a publicar el detalle del origen de sus fondos”, dijo.
Como se conoce, el ex Defensor del Pueblo, presidió reuniones consultivas en Trujillo, Arequipa y Pucallpa, durante el mes de noviembre; con autoridades, instituciones del Estado y miembros de la sociedad civil, para recoger propuestas. Al respecto señaló: “Existen personas comprometidas con el cambio, con un Perú libre de corrupción, que no quieren ser cómplices y que están trabajado en sus comunidades, distritos, instituciones y organizaciones para erradicar la corrupción y para promover una cultura de integridad”.
Acompañaron a Vega a la presentación del informe, los otros siete integrantes de la Comisión: Allan Wagner, presidente de Transparencia; Jorge Medina, presidente de Proética; Max Hernández, ex secretario del Acuerdo Nacional; Elsa del Castillo, rectora de la Universidad del Pacífico; la ex congresista Graciela Fernández Baca; el periodista Santiago Pedraglio; y Vidal Pino, docente de la Universidad del Cusco. (Por: Nora García Vásquez - Perú en Línea)
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