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Chiclayo en Línea.- La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que preside el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, acaba de emitir un comunicado oficial en el que hace pública su posición frente a la reciente aprobación de la Ley de Reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y los alcaldes.
1. El 5 de marzo pasado, el Congreso de la República aprobó la mencionada Ley de Reforma, mediante la cual cambia el nombre de los Presidentes Regionales por el de Gobernadores Regionales, prohibiendo su reelección inmediata, tanto como la de los Vicegobernadores Regionales y los alcaldes. No se trata de una iniciativa nueva; varias propuestas en esa dirección estaban en discusión, por lo menos desde el año 2011, las mismas que en reiteradas comunicaciones y reuniones de trabajo con el Congreso, fueron criticadas por las asociaciones de gobiernos descentralizados.
2. El cambio de denominación sobredimensiona los supuestos efectos negativos que tendría la fórmula “presidente regional”, que nunca fue confundida con la de Presidente de la República. Los conflictos de competencia entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, no se deben a un nombre determinado sino a las eventuales decisiones gubernamentales – especialmente normativas - de ambos niveles de gobierno. Tales conflictos de competencia se resuelven en nuestro ordenamiento legal a través del Tribunal Constitucional. En consecuencia, se trata de un cambio cosmético que responde a una decisión política, que genera un problema, dado que el nombre es el mismo que tienen los representantes del Presidente de la República en regiones, provincias y distritos. Esa inaceptable duplicidad debe obligar a la representación nacional a cambiar el nombre de tales funcionarios, porque no se puede llamar de igual manera al órgano ejecutivo del Gobierno Regional, elegido por el voto popular, y a la autoridad política del Ejecutivo Nacional, designada en el ámbito departamental o regional.
3. La prohibición de la reelección de las autoridades descentralizadas, por su parte, busca corregir un supuesto problema poco significativo: sólo 12 de los 100 presidentes regionales elegidos entre el 2002 y el 2014 fueron reelectos. La decisión, que le impedirá al país premiar o castigar a las autoridades que pretenden la reelección, conculcándole un derecho, anula la posibilidad de aprovechar la experiencia y la continuidad de gestiones que son breves; más grave aún, obvia el problema central que es el de la carencia efectiva de sistemas de control político y administrativo, como se ha evidenciado en las acusaciones de corrupción, aún en investigación. Se pretende en consecuencia resolver a través de una reforma electoral efectista, un tema como el de la corrupción, que es materia de la reforma del Estado, que sigue sin ser abordado por el Congreso.
4. En este contexto, resulta preocupante que la indispensable reforma electoral que demanda el país y que motivara una propuesta conjunta del JNE, ONPE y RENIEC, para reformar la Ley de Partidos Políticos, siga postergada y se reemplace con medidas parciales y populistas que eluden los problemas de fondo. Temas como la eliminación del voto preferencial, el financiamiento público de los partidos políticos, la transparencia y rendición de cuentas del uso de sus recursos, su presencia y actividad territorial, así como la obligatoriedad de que realicen elecciones internas supervisadas por los organismos electorales, además de la no reelección de los congresistas o su renovación por tercios o mitades, son parte de una larga lista que tiene que abordarse integralmente a la brevedad, si queremos fortalecer nuestro sistema de representación con organizaciones partidarias sólidas, que contribuyan a la democracia que demandamos y que realmente estén dispuestas a enfrentar la corrupción.
5. En consecuencia, invocamos al Congreso de la República a pronunciarse sobre las cuestiones de fondo que el país sigue esperando. En el corto plazo, en materia política, la indispensable reforma de la Ley de Partidos y la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, debatiendo las propuestas presentadas por los órganos electorales. Por su parte, en materia de descentralización, es indispensable avanzar en la descentralización fiscal si queremos un Estado eficiente, abordando ya, cuestiones elementales que permitan mejorar la equidad, predictibilidad y suficiencia de la asignación vertical y horizontal de los recursos públicos; asegurar la asignación del gasto corriente a partir del costeo real de funciones y competencias, además de organizar las transferencias fiscales en un sistema articulado, donde cada instrumento tenga un objetivo claro y existan reglas transparentes y equitativas de asignación.
Lima, Marzo 2015
César Acuña Peralta
Presidente de la ANGR
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