El neoliberalismo salvaje en el transporte cobra 17 nuevas vidas

Chiclayo en Línea.- En 1990 se dio en el Perú la desregulación más dramática de la economía y del sector transportes.

 

Se liberalizaron las rutas, la flota de buses de Lima y Callao llegó a 48,000 unidades, se anularon los sistemas de inspecciones técnicas, se anuló el taxímetro, se declararon tarifas libres en todas las rutas de buses, legalizamos la importación de vehículos usados para el transporte público y privado, permitimos la importación de autopartes usadas, dejamos que el mercado de taxis se inunde de camionetas station wagon con timón cambiado a la derecha en Tacna, se privatizó a la mala la empresa pública Enatru –que funcionaba con buses articulados y alimentadores como el Metropolitano-,  proliferaron los terminales interprovinciales informales y se incubaron así muchos de los males que hasta hoy afectan a los servicios de transporte. 

 

Además, miles de funcionarios incentivados a la renuncia recibieron 7 o más sueldos y no tuvieron mejor idea que invertir en unidades de transporte aprovechando la falta de planificación y regulación. Las consecuencias de estos despropósitos son miles de muertos en accidentes, cuantiosas pérdidas por congestión, y varios niños muertos cada día por enfermedades bronco- pulmonares causadas por la sobre combustión de un parque vehicular antiguo y con pésimas condiciones técnicas. Y estas cosas suceden porque en el Perú, la rentabilidad de las empresas en el neoliberalismo salvaje es más importantes que las vidas de los ciudadanos que utilizan los servicios de transporte. 

 

Hoy lamentamos un incendio ocurrido en un Bus de una empresa interprovincial formal registrada en SUTRAN. El siniestro se dio en un terminal cercano al de Fiori, que originalmente fue autorizado con una declaración jurada por el MTC, pero que no reunía los requisitos mínimos para operar. Es muy malo que una empresa formal opere en un terminal informal que no fue clausurado a tiempo por la Municipalidad correspondiente. Pero, hay que ser claros en que las causas del siniestro están más vinculadas a las condiciones técnicas de los vehículos que a la localización del incendio. 

 

Es decir, el problema es la falta de escrúpulos de las empresas encargadas de las inspecciones técnicas y la debilidad del MTC por ajustarle las clavijas. Es lamentable que todos seamos -cada día- testigos de miles de chatarras circulando por la ciudad con certificado de inspección técnica obtenida y en riesgo de incendiarse o provocar accidentes. 

 

Este descontrol está causado por que la rentabilidad de las empresas de inspecciones técnicas es más importante que la vida y la salud de los ciudadanos. Es inaceptable que un esquema basado en sobornos de los empresarios del transporte a las empresas de inspecciones técnicas cause que todos estemos en riesgo. 

 

Las 17 personas que murieron quemadas han muerto en un siniestro en el segmento del transporte interprovincial. Pero, hay que decir que - dentro de todo-, este nicho de servicios es el que, con todos sus defectos, está relativamente mejor regulado. En el transporte urbano, los riesgos de accidentes e incendios en las rutas tradicionales (como los ex oriones y chosicanos) son mucho más altos que en el transporte interprovincial. Y en el transporte de carga en donde tenemos la mayor desregulación y la mayor antigüedad de vehículos que suelen embestir buses y empujarlos al abismo, las cosas son aún más peligrosas.

 

El sector transporte en todo el mundo está regulado y planificado. El MTC ha avanzado de forma importante con la creación de SUTRAN que funciona mucho mejor que la antigua Dirección General de Circulación Terrestre, pero todavía falta terminar con las reformas en agenda del sistema de brevetes, las empresas de capacitación en seguridad vial, la certificación vehicular y las inspecciones técnicas. También el MTC está avanzando con la Autoridad Única de Transporte Urbano, que puede hacer la diferencia si todos apoyamos que estas instituciones tengan los recursos y la capacidad para implementar las políticas que permitan que la vida vuelva a valer más que la rentabilidad  de los empresarios inescrupulosos.

 

Y sería lindo si Lima, en su actualización del Plan Urbano establece las zonas de exclusión para la ubicación de terminales y el MTC planifica tres lugares claves para reorganizar la actividad en los accesos norte, centro y sur de la ciudad. Hay mucho por hacer, pero hay que evitar las cacerías de brujas contra los funcionarios y resolver lo principal: más recursos para fiscalizar, capacidad técnica y compromiso para resolver los principales problemas. Si se puede. Es lo justo.( Por: Gustavo Guerra García – Otra Mirada.pe)