Poder Judicial advierte que minería ilegal es controlada por organizaciones criminales

Chiclayo en Línea. - El juez superior Omar Ahomed Chávez, de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, aseguró que la minería ilegal es un delito de peligro, e indicó que ahora está siendo controlado por organizaciones criminales.

“Los procesos por minería ilegal han ido creciendo; esta actividad que antes se consideraba aislada, ahora, lamentablemente, lo hacen organizaciones criminales”, afirmó.

Sostuvo que el Código Penal establece una condena de cuatro a ocho años para las actividades de exploración, explotación o extracción de minerales metálicos y no metálicos que causen o generen un peligro a la salud y a la calidad ambiental o a sus componentes.

El delito se da, según dijo, cuando las personas ponen en situación de riesgo al medioambiente y cuando no cuentan con la autorización administrativa respectiva.

En la modalidad gravada el delito de minería ilegal es sancionado con hasta ocho años, pero  también se contempla la modalidad culposa, cuando no ha habido la intención y es producto de la negligencia de no cumplir con los deberes de cuidado. En ese caso, la pena es no mayor de tres años.

Mineros ilegales
Respecto al reciente ataque contra una empresa minera en Pataz, La Libertad, Ahomed sostuvo que no se podría hablar propiamente de minería ilegal, sino que podría constituir otros delitos más graves, como secuestro, extorsión u homicidio, que tienen penas mucho mayores que el de la minería ilegal.

Sostuvo que los mineros ilegales ven como rivales a las mineras formales, y esto los lleva a amenazar y a amedrentar.
“El problema es que, al ver que no les pasa nada y que pueden actuar sin ningún problema en la ilegalidad, van tomando riesgos mayores como invadir terrenos, atacar a otros y, lo más dramático, eliminar personas para mantener su posición en esas zonas”, añadió.

Dijo que el Estado no puede dejar de lado la sanción, pero también debe impulsar una cultura de legalidad en la minería ilegal para que realicen sus actividades bajo las regulaciones del Estado.   
             
Remarcó que antes dicha actividad era percibida como un tema de gravedad para la comunidad, pero ahora se le ve como un tema aislado y como cualquier actividad económica informal.

“No es que se combata la informalidad de esa actividad, lo que se combate en estas conductas es el peligro que va a generar a las futuras generaciones en lo que es calidad ambiental y salud. Lo que se busca sancionar es el peligro a futuro que pueden dejar los daños ambientales, que pueden ser irreparables”, acotó.(Fuente Andina)