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Chiclayo en Línea.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue avanzando en la implementación del Modelo de Integridad, que contempla normas, herramientas y mecanismos destinados a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de la institución frente a la corrupción y a diversas prácticas contrarias a la ética.
Entre las normas aprobadas con ese fin se encuentran los lineamientos para la prevención de los conflictos de intereses.
Un conflicto de interés es una situación que se presenta cuando los intereses privados del trabajador o locador de servicio colisionan con el ejercicio de sus funciones y con el interés público. Ahora, a partir de la reciente aprobación de la Resolución N.° 000119-2022-SG/ONPE, todos los trabajadores, locadores de servicios y proveedores de la ONPE deberán estar atentos a cualquier conflicto de interés –propio o de un tercero– que se pudiera presentar, debiendo comunicarlo oportunamente a su superior jerárquico y, de ser el caso, solicitar la abstención.
Al abstenerse, la persona involucrada en un conflicto de interés se exime de participar en asuntos de su competencia cuando tiene vínculos económicos, contractuales, profesionales, laborales, corporativos o familiares que pondrían en cuestión la imparcialidad del accionar institucional.
Evaluación de avances
Además de los “Lineamientos para la prevención de los conflictos de intereses en la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, este organismo electoral ha aprobado el Programa de Integridad, un Código de Conducta y una norma para la debida diligencia en la contratación de personal, de bienes y servicios. Asimismo, ha creado un Equipo de Trabajo Permanente al interior de la Secretaría General.
Todas estas medidas serán tomadas en cuenta durante la segunda evaluación a la que se someterá la ONPE y que estará a cargo de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pues es el ente rector en la materia y, como tal, realiza dos veces al año un reporte detallado por cada organismo constitucionalmente autónomo y demás instituciones del gobierno nacional, regional y local.
Lo que será evaluado es el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción 2022 (ICP), herramienta que permite medir el avance en la implementación de los componentes del Modelo de Integridad que deben aplicar las entidades de la administración pública.
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