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Chiclayo en Línea.- En lo que va del año, la Contraloría General ha realizado más de 20 mil servicios de control gubernamental para prevenir, detectar y sancionar la inconducta funcional y la corrupción en la administración pública.
El 95% de los servicios de control realizados en las entidades públicas corresponden al control simultáneo que permite alertar oportunamente a los gestores públicos sobre los hechos que podrían afectar, por ejemplo, la adecuada ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, a fin de que adopten las medidas correctivas de inmediato.
De esta forma, el Sistema Nacional de Control, procura evitar que se produzcan irregularidades, negligencias o ineficiencias en el gasto público; además de generar un importante ahorro al Estado porque impide que se consume el perjuicio económico.
Asimismo, se han ejecutado 1,892 servicios de control posterior (auditorías) en las cuales suele identificarse presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas; y, ha emitido 95 informes de control previo que son efectuados únicamente por la Contraloría General.
El órgano de control también está utilizando la tecnología para realizar análisis masivo de información de bases de datos de entidades públicas claves para la supervisión y fiscalización.
La novedad: Operativos en línea
Por primera vez, la Contraloría General está realizando operativos en línea que han permitido identificar, por ejemplo, 1,176 proyectos de inversión pública con “cero ejecución” al 31 de octubre del 2019. Cada uno de estos proyectos tiene un presupuesto asignado mayor al millón de soles y, juntos, superan los S/ 4,264 millones.
Los titulares de las entidades que tienen proyectos con nula ejecución ahora tendrán que informar a los Órganos de Control Institucional (OCI) sobre las medidas correctivas que adoptarán para revertir dicha situación.
Los operativos en línea contribuirán a ampliar la cobertura del control, haciéndolo más proactivo y oportuno. Apoyados en la interoperabilidad de los sistemas administrativos del Estado, la Contraloría General proyecta llegar a todas las entidades públicas, incluidas las municipalidades distritales.
En la última década, nunca se había hecho una auditoría en 1,206 de los 1,678 distritos existentes. Ahora, el órgano de control está interviniendo en estas municipalidades y la meta es estar presente, por lo menos, una vez al año en todos los distritos del Perú.
Durante la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2019), la Contraloría informó que culminará este año la absorción de los OCI de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Gobiernos Distritales de Lima y Callao, así como de las 60 municipalidades distritales con mayor presupuesto a nivel nacional.
En el cierre del Bicentenario de la Independencia del Perú, todas las OCI tendrán mayor autonomía e independencia para el ejercicio del control gubernamental, según lo señalado por el órgano contralor.
Entidades: Un rol protagónico
Los titulares de las entidades públicas no deben renunciar al rol protagónico que les corresponde asumir en la prevención y lucha contra la corrupción, que es uno de los principales problemas del país. Su obligación legal es implementar sus propios controles internos para gestionar los riesgos de corrupción existentes en toda organización.
El plazo para que las entidades públicas implementen gradualmente el Sistema de Control Interno vence el próximo 30 de junio del 2020. A noviembre del 2019, más del 70% (2,161) de entidades de las 3,084 obligadas habían cumplido o estaban en proceso de presentar su diagnóstico de cultura organizacional. Aquellos que no han cumplido están siendo notificados para que regularicen su situación.
Contar con un adecuado Sistema de Control Interno equivale a tener un sistema de inmunidad contra la corrupción. De allí la importancia que los titulares de las entidades demuestren que tienen voluntad política para luchar contra este flagelo.
El Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción nos da la valiosa oportunidad de reflexionar sobre lo que podemos hacer, como ciudadanos, para sumarnos a la prevención y lucha anticorrupción para que más peruanos puedan acceder a obras y servicios de calidad.
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