Chiclayo en Límea.- La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que las unidades de flagrancia no deben entenderse únicamente como una dependencia del Poder Judicial, o como una propuesta que solo parte del trabajo de juezas y jueces, sino que se trata de un trabajo conjunto.

Recordó que desde el inicio de su gestión libra una batalla para obtener los recursos necesarios para las unidades de flagrancia, a fin de que cuenten con una mejor infraestructura, dotación de mayor número de personal, adecuada tecnología, entre otros.

Al respecto,  expresó su confianza de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, cumpla con el compromiso de apoyo absoluto al sistema de flagrancia, el cual conlleva a otorgar el presupuesto necesario para su efectividad.

Agregó que este compromiso permitirá cumplir de forma adecuada con lo que establece la Ley n.° 32348, la cual asigna funciones específicas a cada uno de los operadores de justicia que integran el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.

Unidad piloto en La Convención

La titular del Poder Judicial hizo estas afirmaciones tras declarar inaugurada de manera virtual la nueva Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Quillabamba, en La Convención, Cusco, la número 39 en lo que va de su gestión. 

En su discurso señaló que la decisión de implementar este modelo de justicia inmediato en La Convención se debe a que se trata de una zona que necesita la presencia efectiva del Estado.

“En este territorio, la minería ilegal, los delitos ambientales, el tráfico ilícito de drogas y la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar constituyen una gravísima problemática”, refirió.

Remarcó que ello exige una respuesta firme y coordinada de todas las instituciones que conforman el sistema frente a estas manifestaciones delictivas, donde el Estado debe estar presente y tener mecanismos para actuar con la debida oportunidad.

“Esta respuesta alcanza también a delitos como la extorsión y aquellos vinculados con la problemática de cada territorio, cuando se presentan en situación de flagrancia, pues, al tratarse de delitos graves, no deben dejar de ser atendidos en una unidad si son descubiertos durante su comisión”, remarcó.

En ese marco, recordó el asesinato de un cambista en Lima, la detención del presunto homicida en flagrancia, la recuperación del dinero, la incautación del arma homicida y la confesión del detenido, sin embargo, el caso se siguió como un proceso ordinario.

La magistrada hizo un llamado a la reflexión a todas las entidades que conforman el sistema, entre ellas a la Fiscalía, para dar una respuesta efectiva a la población que, en estos momentos, más que nunca, necesita. 

Enfatizó que las unidades de flagrancia no deben entenderse únicamente como una dependencia del Poder Judicial, o como una propuesta que solo parte del trabajo de juezas y jueces, sino que se trata de un trabajo conjunto. 

“Si bien es cierto fue una propuesta que empezó y lideró el Poder Judicial, hay una ley que establece claramente las responsabilidades de cada una de las instituciones, no podemos aplicar criterios particulares, sino cumplir las obligaciones legales que corresponde a cada una”, refirió. (Texto y foto: Andina)