Viejos y nuevos subsidios

​Chiclayo en Línea.- El modelo reconocido como neoliberal está en crisis en el Perú y el mundo. Por ello urge más que una reforma una nueva visión del rol del estado en la economía y sociedad. Urge superar la relación del estado con un mercado global y a nivel país, ante una economía altamente concentrada como lo están la producción y la propiedad.

No existe en ninguna constitución política en el mundo que expresamente reconozca un rol subsidiario del estado, en el sentido que solamente pueda intervenir allí donde no resulte atractivo ni sea rentable para el capital privado.

En un país como el Perú de ingresos medios, con una grave desigualdad en los ingresos, con un subempleo que supera el 70 % de la Población Económicamente Activa (PEA), y crecientes necesidades insatisfechas en la salud, educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad social, conectividad geográfica entre otros considerandos. No se puede asumir que el estado tenga un rol subsidiario en la economía.

Los últimos movimientos sociales nos alertan del agotamiento del modelo económico y social instaurado desde los años noventa del siglo pasado, que secreta mayor desigualdad social, corrupción, a pesar de un relativo crecimiento económico y disminución relativa de la pobreza.

Haber tenido un crecimiento inducido por la bonanza externa de los precios de las materias primas como de los productos mineros y agroindustriales en el período 2001/2020 no garantizan la prosperidad ni el crecimiento sostenido en “regímenes extractivistas” como dirían Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?

Así, cabría interrogarse ¿Cuántos peruanos han regresado a la pobreza social como producto de la actual crisis económica y sanitaria? El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI ha recreado una nueva categoría social, los socialmente vulnerables. Es decir, de aquella población que había dejado la pobreza monetaria, para volver a ella en razón de la crisis económica y sanitaria del 2020. Estamos ante millones de trabajadores independientes e informales.

Si se reconoce que el principal problema de la sociedad peruana es la falta de empleo, los altos niveles de subempleo, la inseguridad ciudadana, la fragilidad de los sistemas públicos de salud y educación, el estado no puede seguir cumpliendo constitucionalmente un rol subsidiario.

El estado no puede tener un rol subsidiario en la economía. Ello no significa volver a la recreación de numerosas empresas públicas, como se tuvieron desde los años setenta del período revolucionario de la Fuerza Armada con Velasco Alvarado (1968/1975), las mismas que terminaron en el más obtuso populismo con el “modelo heterodoxo” de García Pérez.

SUBSIDIOS DE AYER

En especial se debiera destacar la trasferencia de riqueza desde las empresas públicas con la fijación de tarifas públicas para la reproducción del capital privado y el poblador urbano en el período 1986 a 1990, con un subsidio indiscriminado.

Por ejemplo, PetroPerú por mandato del poder ejecutivo tenía que vender un galón promedio de combustible a un precio de US $ 22 centavos de dólar, cuando el costo de producción de un galón le significaba un valor de US $ 52 centavos de dólar. Así, por cada galón de combustible vendido perdía US $ 30 centavos. De allí, las pérdidas económicas y la descapitalización de su patrimonio que fueron superadas con el brutal sinceramiento de precios del llamado “fujishock” de agosto de 1990.

El conjunto de empresas públicas, ElectroPerú, Electrolima, Sedapal, Cía Peruana de Teléfonos, PetroPerú entre las principales empresas tuvieron que subsidiar las tarifas, con el fin de mantener artificialmente el llamado “modelo heterodoxo” del presidente García Pérez.

Empresas estatales que fueron privatizadas en su mayor parte en la década de los noventa del siglo pasado por el gobierno mafioso de Fujimori-Montesinos que pensaba entronizarse en el poder por un período de 20 años.

Así, el proceso privatizador se constituyó en un proceso de transferencia de riqueza desde el estado hacia los grupos de poder y empresas transnacionales, y hoy estamos asumiendo las consecuencias.

SUBSIDIOS HOY

Existen una serie de hechos y políticas que hacen evidente la falacia teórica y política del llamado rol subsidiario del estado en la economía como lo establece la Constitución fujimorista de 1993.

La transferencia de riqueza desde el estado hacia el capital privado adopta nuevas modalidades que van desde los subsidios como el que realiza la empresa eléctrica estatal ElectroPerú con la empresa de generación privada Chaglla, en el sentido que tiene que comprar potencia y energía a un precio mayor en relación a la misma dotación de energía que tiene que vender la eléctrica estatal.

Es decir, desde setiembre del 2016 por mandato del estado vía Proinversión, ElectroPerú compra a Chaglla potencia y energía a un precio alto y tiene que vender esa misma dotación de energía y potencia a un precio menor.

Es decir, en cada año, ElectroPerú deja de percibir ingresos y beneficios por un contrato perverso. Una consecuencia de ello es la afectación de las pensiones a los miles jubilados de 19990 y 20530 que perciben un bono en julio y diciembre a cuenta de las utilidades de ElectroPerú.

En el mismo sentido, sería deseable por transparencia, declarar el subsidio que pagamos todos los consumidores eléctricos a través de nuestros recibos para garantizar la rentabilidad de una serie de proyectos privados en el sector eléctrico de generación.

Para hacer posible la mayor potencia de generación eléctrica de las energías no convencionales, el nodo energético del sur, proyectos de generación hídrica, todos los consumidores pagamos una suma mensual en nuestros recibos que totalizan millones de soles. Todo ello en nombre de una supuesta economía de libre mercado, que constituye una enajenación de riqueza a los consumidores.

REACTIVA CON SUBSIDIOS

La más importante expresión en cuanto subsidios es el programa “Reactiva Perú” donde se han transferido S/ 60 mil millones de soles, aproximadamente US $ 17 mil millones de dólares, a las empresas privadas, vía intermediación de la banca privada, para oxigenar a las empresas en la mayor crisis económica y sanitaria que registra la historia económica y mundial.

En una ingeniería financiera el estado a través del Banco de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, y su ente financiero Cofide, transfieren S/ 60 mil millones al capital privado, a bajísimas tasas de interés 2% a 3% anual. Es decir, un subsidio financiero a devolver en 48 meses, con un respaldo estatal del 80 % si la deuda se vuelve impagable.

Así, si una empresa se endeuda por S/ 10 millones de soles y por una serie de factores incumple el pago del endeudamiento el estado asume. El préstamo está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en un 80 %. En otras palabras, el crédito público asume el compromiso financiero.

Esta intervención del estado en la economía de tipo keynesiano recuerda las políticas de rescate financiero en la “gran depresión” de los años treinta del siglo pasado. Por tanto, más que de rol subsidiario el papel del estado es de promotor, de salvador de las empresas, que les otorga liquidez barata sin mayor riesgo.

En verdad, serían múltiples los ejemplos que demuestran que la intervención del estado no ha sido subsidiaria. Ha tenido un sentido claro para favorecer intereses privados sobre todo del gran capital y grupos de poder económico.

Por ello, el rol del estado en la economía debiera de ser promotor e interventor para alcanzar el desarrollo económico y social del país, que permita disminuir las graves brechas en la desigualdad y pobreza, que no los soluciona las políticas del “libre mercado” que solamente existen en los libros de texto de economía.

El país demanda un Proyecto Nacional de Desarrollo, con una intervención enérgica del estado en la promoción de las inversiones públicas y privadas, con instituciones democráticas que minimicen la corrupción, y resolver con equidad las graves y justas demandas sociales. (Por:  Jorge Manco Zaconetti – Otra Mirada.pe)