Chiclayo en Línea.- A propósito del sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, la Defensoría del Pueblo considera necesario recordar que el Perú se encuentra permanentemente expuesto a eventos sísmicos y que la preparación del sistema sanitario no puede iniciarse después de ocurrido un desastre. Los establecimientos de salud, particularmente aquellos de mayor complejidad, deben encontrarse en condiciones de continuar brindando atención durante y después de una emergencia.

En los últimos años, la institución ha supervisado la infraestructura y gestión del riesgo de desastres de 14 institutos especializados, 11 hospitales de nivel III-E y III-2 y 28 hospitales de nivel III-1, cuyos resultados están contenidos en los Informes Defensoriales n.° 243, 263 y 275, respectivamente. Los hallazgos muestran importantes brechas relacionadas con la antigüedad de las edificaciones, seguridad en la infraestructura, certificación ITSE, vulnerabilidad sísmica y preparación institucional frente a emergencias.

En el caso de los institutos especializados de salud, la supervisión encontró que dos establecimientos, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) y el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), tienen infraestructura con más de 100 años de antigüedad; asimismo, 13 de los 14 institutos no contaban con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.

La situación adquiere especial preocupación debido a que el INCN y el INMP reportaron áreas declaradas inhabitables, mientras que cuatro institutos —INCN, INMP, INCOR e IREN Centro— tenían infraestructura declarada de alto riesgo por vulnerabilidad sísmica. Además, 8 de los 14 institutos carecían de diagnósticos recientes de vulnerabilidad sísmica. En materia de conservación, se identificaron incluso edificaciones con paredes de adobe o quincha y techos con materiales antiguos; el INCN presentó paredes, techos y pisos en mal estado, mientras que el INMP reportó, entre otros aspectos, techos en mal estado.

La situación tampoco resulta favorable en los hospitales de nivel III-E y III-2; es así que, de los 11 establecimientos supervisados, cinco tenían infraestructura con más de 50 años de antigüedad y otros dos —el Hospital Víctor Larco Herrera y el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen— superaban los 100 años. Diez de los once hospitales no contaban con certificado ITSE vigente; asimismo, cinco hospitales señalaron tener áreas declaradas de alto riesgo sin una respuesta técnica o presupuestal activa identificada durante la supervisión.

También se encontraron señales de deterioro físico: solo cuatro de los once hospitales tenían paredes y techos en buen estado de conservación; cinco se encontraban en condición regular y dos en condición crítica. En cuanto a los pisos, únicamente dos reportaron buen estado, siete condición regular y dos mal estado. Asimismo, solo cuatro hospitales contaban con diagnóstico de vulnerabilidad sísmica, lo que evidencia una limitada capacidad para identificar técnicamente los riesgos y priorizar intervenciones de reforzamiento.

Los resultados del Informe Defensorial n.° 275 sobre 28 hospitales de nivel III-1 refuerzan esta preocupación; ya que tres establecimientos —los hospitales nacionales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo, en Lima, y el Hospital Goyeneche, en Arequipa— superan los 100 años de antigüedad, mientras que otros 18 tienen más de 50 años de funcionamiento.

De acuerdo con el desarrollo de los resultados del citado informe, solo 5 de los 28 hospitales III-1 contaban con certificado ITSE, mientras que 23 no disponían de este documento. Además, diez hospitales reportaron ambientes o áreas declaradas de alto riesgo y apenas cuatro contaban con diagnóstico de vulnerabilidad sísmica emitido por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; es decir, 24 establecimientos operaban sin este diagnóstico técnico. Solo 11 tenían planes de contingencia frente a sismos de gran magnitud.

Para la Defensoría del Pueblo, la seguridad hospitalaria no puede reducirse al estado físico de una edificación o al cumplimiento formal de una certificación, debido a que frente a un terremoto, un hospital debe mantener operativos sus servicios de emergencia, cuidados intensivos, centro quirúrgico, banco de sangre, farmacia, diagnóstico por imágenes y demás servicios esenciales; para ello se requiere contar también con planes de contingencia actualizados, rutas de evacuación, sistemas contra incendios, brigadas entrenadas, comunicaciones y mecanismos alternos de suministro de electricidad, agua y oxígeno medicinal.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Salud, EsSalud, gobiernos regionales y demás entidades responsables de establecimientos de alta complejidad a actualizar de manera inmediata las evaluaciones de seguridad y vulnerabilidad sísmica; regularizar los certificados ITSE; adoptar medidas frente a ambientes declarados inhabitables o de alto riesgo; y priorizar presupuesto para mantenimiento, reforzamiento, rehabilitación o sustitución de infraestructura hospitalaria antigua. Asimismo, resulta indispensable actualizar y financiar los planes de contingencia, garantizar la realización periódica de simulacros y verificar la continuidad operativa de los servicios críticos.

La gestión del riesgo de desastres forma parte de la garantía del derecho a la salud; y un hospital no solo debe ser seguro para quienes se encuentran dentro de él; debe permanecer en funcionamiento precisamente cuando la población más lo necesita. Esperar a que ocurra un terremoto para intervenir infraestructura previamente identificada como vulnerable significaría actuar cuando el riesgo ya se convirtió en daño.(Fuente: www.defensoria.gob.pe) (Foto Defensoría del Pueblo)