Chiclayo en Línea.- En el marco de sus competencias, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó por unanimidad sancionar a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) por desatender acciones de prevención y deslinde de responsabilidades ante casos de hostigamiento sexual. Asimismo, el máximo órgano resolutivo otorgó la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), lo que permitirá ampliar el acceso a la formación profesional licenciada en la Amazonía.

Respecto a la UTEA, la Sunedu impuso una multa de S/ 38 077.34. Esta sanción responde al incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en la Resolución del Consejo Directivo N.º 010-2022-SUNEDU/CD, tras verificarse que la universidad no identificó a las autoridades omisas en la determinación de responsabilidades por denuncias de hostigamiento sexual, ni acreditó la realización de talleres de prevención dirigidos a sus autoridades. La falta se encuentra tipificada como muy grave en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2019-MINEDU.

Con esta acción de fiscalización, la Sunedu garantiza que las autoridades universitarias asuman su responsabilidad en la protección de la comunidad estudiantil, asegurando que las denuncias por violencia de género se investiguen adecuadamente y que los campus universitarios se mantengan como entornos seguros y libres de violencia.

También se aprueba licenciamiento

De otro lado, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad otorgar la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú, ubicada en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto. Esta decisión autoriza a la institución a brindar la oferta académica de los programas de Administración de Empresas y Derecho, lo que facilita a los jóvenes de la región Loreto cursar estudios superiores de calidad en su propia localidad.

La Sunedu reafirma su compromiso con la mejora continua de la educación superior universitaria, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente, la protección irrestricta de los derechos de los estudiantes y el fortalecimiento de la calidad del servicio educativo en beneficio de toda la ciudadanía.