Chiclayo en Línea. - La Contraloría General de la República informó que la aprobación por parte del Congreso de la Cuenta General de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, es una decisión que pone fin a un periodo de doce años consecutivos en los que el Parlamento no aprobaba este instrumento clave de rendición de cuentas del sector público.

La decisión parlamentaria cobra especial trascendencia para el Sistema Nacional de Control (SNC) al incorporar mecanismos legislativos y de gestión orientados a implementar las recomendaciones técnicas formuladas en el Informe de Auditoría N° 10763-2026-CG/ECOFI-AF.

ACOGIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 1 Y ESTÁNDARES DE LA OCDE

En la página 317 del citado informe de auditoría, la Contraloría recomendó formalmente al Congreso de la República evaluar y modificar el marco legal vigente respecto a la información tributaria. Ello en estricto cumplimiento de la Segunda Recomendación del Comité de Altos Funcionarios de Presupuesto (Senior Budget Officials - SBO), en el marco del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La propuesta del ente de control busca viabilizar modificaciones normativas que permitan a los auditores acceder a los registros contables y soporte financiero de la Sunat (captadora), transparentando los ingresos tributarios y garantizando la auditabilidad de las cuentas fiscales sin quebrantar el principio de la reserva tributaria. En los últimos ejercicios fiscales, la imposibilidad de validar esta información fuente representó una de las limitaciones materiales más recurrentes en el dictamen financiero del sector público.

ALERTA POR OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

Otro aspecto de alta relevancia técnica y económica contenido en el Informe N° 10763-2026-CG/ECOFI-AF, la Contraloría alertó la existencia de 2416 obras públicas paralizadas en todo el territorio nacional al cierre de diciembre de 2025, las cuales involucran un monto total de inversión de S/ 67 139 millones y un saldo pendiente de ejecución que asciende a S/ 32 243 millones.

Desde el punto de vista patrimonial, la entidad fiscalizadora advirtió que la permanencia prolongada de estos proyectos dentro de la cuenta contable de Construcciones en curso —rubro que al cierre del 2025 sumó S/ 331 429 millones y representó el 48,28% del total de Propiedades, Planta y Equipo del Estado— expone a los activos a graves riesgos de obsolescencia física, pérdida de potencial de servicio y falta de reconocimiento de pérdidas por deterioro, contraviniendo las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP 17 y NICSP 21).

En respuesta a esta problemática documentada por la Contraloría, el Congreso dispuso la creación del Inventario Nacional de Obras Paralizadas para articular su posterior reactivación.

SEGUIMIENTO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

El dictamen legislativo establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá presentar un plan integral para atender las observaciones y recomendaciones del órgano de control.

La Contraloría reafirma que la aprobación de la Cuenta General de la República valida la integración y consolidación de la información financiera y presupuestaria del sector público, pero no convalida actos irregulares ni exime de responsabilidades administrativas, civiles o penales a los funcionarios públicos que hayan incurrido en inconducta funcional durante la gestión de los recursos del país.