Chiclayo en Línea.- Llegó la hora de cobrar más impuestos a los ricos. Pero eso no basta. Para cobrarlos bien, hacer justicia tributaria y subir la recaudación se necesita una batería de impuestos y además reformas en la deteriorada SUNAT. Un solo Impuesto a la Solidaridad no tendrá gran efecto tributario, solo político. Debemos pensar en grande. Al parecer, Vizcarra, temeroso de los detentadores de la riqueza, anda pensando en chico, quiere tocar los ingresos más que la riqueza. Nuevamente le pide facultades extraordinarias al Congreso para, como es costumbre desde 1990, actuar por decreto (65% de toda la legislación económica, entre ella la más importante, se hace por Decreto Ley, Decreto Legislativo, Decreto Supremo, Decreto de Urgencia).
Empecemos por el contexto para entender esta gran pelea que se avecina.
Una nueva crisis mundial causada por un virus está provocando serios problemas de ingresos y gastos del gobierno, acentuando una peligrosa tendencia deficitaria. Una, la recaudación, baja; el otro, el déficit, sube. Es el peor escenario para el Perú. De poco consuelo sirve que, momentáneamente, podamos aprovechar los ahorros de la bonanza exportadora 2002-2013, el alto nivel de reservas en moneda extranjera, y la credibilidad económica de Perú que le permite colocar bonos en el mercado internacional. Los bonos van a ayudar, y también el proyecto del Congreso para retirar fondos de las AFP, que, de venir del exterior, lo más lógico, va a permitir repatriar capitales del orden de 15 a 30,000 millones de soles, dependiendo de la fórmula que se apruebe.
Pero todo esto son medidas mitigantes de corto plazo. Más temprano que tarde el problema va a estallar con una crisis fiscal en medio de una crisis social y económica. En este preocupante contexto la pregunta en el país es quién va a pagar más impuestos para elevar la recaudación y manejar mejor la difícil situación fiscal. No pueden ser los pobres ni la clase media. Tienen que ser los ricos, los peruanos de más y altos ingresos y las empresas más rentables.
Veamos el bosque y la paja seca que puede incendiar la pradera. La pandemia y su efecto recesivo está afectando rápidamente a los mas pobres: población flotante campo-ciudad; despedidos, los que terminaron sus contratos (80,000) y los “suspendidos perfectos”, que son por el momento otra tanto y cuyos números van a aumentar; MYPES en problemas, pueblos indígenas, migrantes venezolanos. Por el momento, se han contenido actos de protesta y violencia, pero a medida que se acentúa el hambre y la desesperación el escenario de calma chicha va a pasar en forma espontanea u organizada.
Deben entonces tomarse iniciativas fiscales progresivas para evitar que se sigan ampliando las brechas y cuando el desánimo y la desesperación. No hay manera de recuperar nuestra declinante recaudación (iniciada el 2014) vía aumentos del Impuesto General a las Ventas (de por sí excesivamente alto, por lo mismo incentiva la evasión, la informalidad y el contrabando). Menos vía el Selectivo al Consumo (donde destaca la gasolina). Esos impuestos los pagan todos directa o indirectamente y crea un efecto regresivo. Recordemos que al acentuarse las diferencias entre los ricos (cuyos ingresos crecieron exponencialmente durante la bonanza 2002-2013) y los pobres (que tuvieron mayores ingresos con la bonanza, pero en condiciones de precariedad laboral y dificultad de negociación), se fue abriendo una “boca de cocodrilo”, es decir, se acentuó la desigualdad entre los de arriba y los de abajo.
¿El resultado? Una clase de multimillonarios cuyas fortunas oscilan entre 4,000 a 1,000 millones de dólares, y una plutocracia profesional de altos gerentes, abogados, consultores, expertos y un núcleo extraordinariamente bien pagado de altos funcionarios que ganan fácilmente, para empezar, más de 50,000-60,000 soles mensuales.
Dada la pauperización en curso en un país con hiperconcentración de riqueza, las reformas deben cambiar el sistema de impuestos, haciéndolo menos regresivo, y mejorar su administración. A la primera parte de esta propuesta se suman muchos, excepto los ricos. Un afiche pegado a una modesta vivienda de Huaycán lo dice: “virus para los pobres, corona para los ricos”. Vemos aparecer y crecer un legítimo reclamo popular e intelectual, de expertos nacionales e internacionales, de justicia fiscal, aunado a una tendencia “populista” del Congreso, con propuestas de la izquierda y solidaridad con los pobres. La segunda parte del problema, la parte administrativa, todavía no la ven, pero es clave. No basta aprobar impuestos, hay que recaudarlos.
Veamos cómo tratan los ricos este problema. Repasando la entrevista de Peru21 del domingo 19 de abril a Roque Benavides Ganoza, uno de los hombres más ricos del país. Entrevistado por Joaquín Rey, el minero contestó incómodamente dos preguntas relacionadas a la riqueza poco después de afirmar que “debemos cuidar la economía de los pobres”. Dos preguntas inquietaron al influyente minero peruano:
1. “Verónica Mendoza ha propuesto un impuesto a los multimillonarios para paliar los efectos de la crisis en los pobres, ¿qué opina? Esos son temas ideológicos absurdos. Seguro los multimillonarios del Perú son "peccata minuta" al lado de los multimillonarios de Suiza. Yo lo que creo es lo que decía Haya de la Torre: "No hay que quitarle al que tiene sino crear la riqueza para el que no la tiene". Entendamos que en el Perú lo que necesitamos es crear riqueza, no quitársela a los que puedan haberla generado con su esfuerzo (…).”
2. “La crisis está poniendo en evidencia la gran inequidad del país porque golpea mucho más fuerte a los pobres. ¿No es momento para pensar en políticas tributarias más redistributivas?” “(…) Tenemos que enfrentar esta crisis pero nada vamos a sacar incrementando impuestos que no generen más actividad económica. Lo que hay que hacer es generar incentivos para que haya más actividad económica que permita generar más puestos de trabajo, más oportunidades para la gente más desvalida.”
Como se aprecia, Benavides entra en contradicciones, repite lugares comunes y menciona algunos absurdos para dar un mensaje contrario al “populista” que aquí recomendamos. En el fondo el mensaje es claro: no quiere más impuestos, quiere más “incentivos”, es decir, un subsidio tributario. Veamos sus argumentos. Recordemos que durante el gobierno de Toledo, al comenzar las sobreganancias mineras, se opuso a un impuesto extraordinario. Convenció a su amigo García en el siguiente gobierno evitar el impuesto y se adoptó en su lugar el Óbolo Minero. Yanacocha, según demostró un libro de Raúl Wiener y el contador Juan Torres argumentaba el 2015 que Minera Yanacocha “habría dejado de pagar en impuesto a la renta más de 2 mil millones de dólares, según indica la investigación.” (https://medium.com/@ProeticaPeru/paga-sus-impuestos-yanacocha-76fddd3b95c0). No hay de que sorprenderse.
Volvamos a sus recientes declaraciones. Uno, la justicia fiscal, obviamente, se inspira en una ideología redistributiva, y se opone a una tributación regresiva, pero no tiene nada de absurda. Dos, el hecho que, comparado a los suizos, los peruanos sean “millonarios pobres”, no implica que no puedan contribuir más tributariamente, sobre todo, y no únicamente, porque acumulan enormes riquezas y no pagan los impuestos que deben en un país que se pauperiza aceleradamente. Tres, no se trata de impuestos a la actividad económica, sino a la riqueza ya creada que, al tributar más y mejor, contribuye a un socialmente necesitado presupuesto nacional por la pandemia y sus efectos. Cuatro, los impuestos no confiscan ni expropian, recolectan un porcentaje de riqueza ya generada, que es obra colectiva de gerentes y trabajadores apoyada por el Estado. Cinco, la idea de generar “más incentivos”, que existen en demasía (minería, textiles de exportación, agroindustrias, Amazonía, educación con fines de lucro) va a acentuar la disminución de la base tributaria al extenderse regímenes especiales bajando la recaudación y generando precariedad laboral. Además, aunque aparecerán más empresas, pero pagando menos impuestos, una buena parte se perderá al usarse recursos como el aumento artificial de gastos y llevarse cantidades significativas a los paraísos tributarios manejando los “precios de transferencia”: sobre pagando servicios o marcas a sus empresas offshore o sub vendiendo bienes y servicios a estas mismas empresas, que son todas vinculadas.
De modo que, en medio de estas contradictorias declaraciones, que son fáciles de refutar, y de la propuesta roquiana “no solo no debo pagar más impuestos sino que quiero más exoneraciones”. Es el viejo argumento de siempre. Salgo más convencido que nunca, que la alternativa es aprobar un paquete de impuestos a la riqueza ya generada y fiscalizarla mejor.
Existen posibilidades objetivas de mejorar la recaudación y hacer más justo el sistema tributario con una serie de impuestos, que deben tener base legal y técnica, entre los que destacan los siguientes:
1. Reponer el impuesto a las ganancias de capital que el gobierno. Vizcarra mediante decreto, aprobó una innecesaria exención de impuestos a ganancias hasta el 2022. Este “decretazo” suele ser la forma preferida de los lobbies de filtrar propuestas rentistas. Este es un tipo de “legislación sastre” hecha bajo la mesa, probablemente producto de un lobby. Restituirlo es también mandarle un mensaje a los lobistas y sus patrones. Introducir un impuesto a las grandes herencias, riqueza ya generada, que pasa de una generación de ricos a otra y que, por lo tanto, son una fuente de renta gravable. Hay que determinar el umbral de este impuesto a las “sucesiones y transferencias gratuitas”, debiendo ser lo suficientemente alto como para que no toque a la clase media. Requiere un Registro de Información Patrimonial (del Perú y el exterior) así como un catastro nacional. Podría ser a partir de 20-30 millones de soles en propiedades (casas, edificios, terrenos). No se asusten, solo aplica a los ricos y muchos de ellos son rentistas, hablamos del 1 o 2% de la población, la de altísimos ingresos. No es conveniente asustar a la clase media.
Aumentar varios puntos porcentuales la tasa del impuesto a la renta de las personas naturales que tengan ingresos por encima de los 400,000-500,000 soles anuales. Aquí tocamos a la plutocracia. Ganan de sobra y bien pueden contribuir al Estado y ayudar a financiar la urgente ayuda social que debemos sostener antes que empiecen los problemas sociales.
Introducir un impuesto a los bienes de consumo de lujo (yates, aviones particulares, vehículos de lujo de marcas reconocidas y con precios verificables en el mercado mundial).
Eliminar las deducciones de los gastos personales de empresarios y ejecutivos que declaran como consumo personal y otras actividades que no son propiamente empresariales. Esta es una pérdida por goteo que, sumada año a año, genera importantes pérdidas al reducir la base imponible. Es además importante para que las empresas sean más transparentes.
Tomados en su conjunto, un paquete de impuestos de este tipo mejorará la situación fiscal del país en este momento critico y hará más justo el sistema tributario. Otros impuestos pueden considerarse que afecten a las ganancias corporativas o que eliminan o reduzcan “agujeros” tributarios. Todos ellos tienen intrincados retos legales y administrativos, que no pueden dejar de tomarse en cuenta; pero que no deben ser excusa para evitar avanzar en la justicia fiscal en un momento en que el país puede ir estallando y se acentúa la pauperización. Los ricos, como Roque Benavides, sus áulicos y abogados, trataran de proteger la gallina de los huevos de oro. No deben olvidar que peor es que se incendie el gallinero.
Una más. Es posible que la clase alta entre en pánico y quiera protegerse fugando capitales o traspasando propiedades. Hay que poner candados. Un impuesto a la salida de capitales razonable puede al menos parar un posible desangre (Tobin tax). Cuando los ricos se asustan, se llevan su dinero. Confirman el dicho “no hay nadie más cobarde que un millón de dólares”.
El otro problema es la SUNAT, que no muestra ni capacidad ni voluntad de fiscalización de la riqueza, buena parte de la cual escapa a los paraísos tributarios. Hace poco un millonario peruano ha comprado cuatro departamentos en Nueva York por $27 millones pagados desde empresas offshore de Panamá creada hace poco en tiempo record. Este es solo un ejemplo. Existen fondos millonarios estimados en miles de millones de dólares Panamá y el Caribe de peruanos ricos de todo origen (legal, dudoso, ilegal) que se los llevan sin fiscalización a una jurisdicción que tampoco los fiscaliza ni les cobra impuestos. Por eso ICRIT propone controlar este agujero negro que está acentuando la concentración de riqueza en el mundo y facilitando la corrupción y el crimen organizado. Podría empezar por hacerse obligatorio declarar anualmente todas las empresas offshore de peruanos o empresas peruanas en el exterior. Sin información no hay fiscalización.
Hay más, lo que indica la complejidad del problema. Como lo ha afirmado el fiscal Pérez respecto al caso Odebrecht y el rol de Tania Quispe, que pasó de la Consultora Deloitte-Perú a presidir la SUNAT el 2011 por ser prima de Nadine Heredia, está incumpliendo funciones. Pero la desidia no se limita a Quispe. Es probable que sea generalizada y existan otros problemas. Un exfuncionario honrado, de cuyo nombre no debo acordarme, opina lo siguiente: “La SUNAT se encuentra anquilosada y descompuesta… se ha burocratizado, sobredimensionado y corrompido”. Justamente por eso anda con la cola entre las piernas e intenta pasar desapercibida, incumpliendo sus funciones. Una SUNAT así, ¿a quién le conviene?
En suma, con nuevos impuestos justos, rendidores y mejoras administrativas se puede ir cerrando la baja presión tributaria del Perú comparada al promedio latinoamericano, generando ingresos que permiten mejorar la redistribución social vía bonos y evitando excesivo crecimiento de la deuda pública.
Mientras tanto, se discuten proyectos en el MEF y el Congreso. Vizcarra, una vez más, ha pedido facultades extraordinarias para legislar por decreto con un impuesto a la planilla que de justo tiene poco y que no recauda mucho. Ha optado por una propuesta decorativa. Todo indica que evita un choque con los detentadores de la riqueza ¿Debe el Congreso concedérselas ahora que tiene la iniciativa? ¿Si es así, debe ponerle condiciones al presidente y luego revisar la propuesta?, ¿Tiene el Congreso capacidad de proponer algo mejor? ¿Parirá la montaña un ratón o saldrá una verdadera reforma? (Por: Francisco Durand – Otra Mirada)
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