Acreditación de las Demunas es necesaria para atención de situaciones de riesgo

Chiclayo en Línea.- La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervenir ante la falta de acreditación de varias Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demuna) en diferentes lugares del país, hecho que impide que estas instancias puedan atender situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes que se presentan con frecuencia, incrementando su situación de vulnerabilidad.

La Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo advirtió al MIMP, a través de un oficio, que en las últimas semanas en diversos distritos fiscales del país, los fiscales de familia o mixtos están derivando los casos relacionados a situaciones de riesgo e incluso de desprotección familiar de los menores de edad a diferentes Demuna que no cuentan con la debida acreditación expedida por el MIMP, requisito necesario para asumir la competencia respecto a la atención de situaciones de riesgo.

Según el Decreto Legislativo Nro. 1297 que regula la atención de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, corresponde a las municipalidades actuar en los procedimientos por riesgo e implementar para ello servicios para aplicar las medidas de protección que correspondan, a través de las Demunas debidamente acreditadas, según los procedimientos y estándares que establezca el MIMP.

De no contar con la acreditación o si la misma se encuentra en proceso de aprobación, el mismo decreto legislativo precisa que la competencia será asumida por el MIMP mediante las Unidades de Protección Especial (UPE). Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que no todas las regiones cuentan con las UPE, generando un grave problema pues la norma no señala claramente a la instancia que asumiría dicha competencia.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adoptar a la brevedad posible las medidas correspondientes para revertir esta situación que afecta directamente los derechos y la atención de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo.(NP)