Las prioridades de la nueva titular del Minagri

Chiclayo en Línea.- El anterior ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, de invisible gestión entre abril del año pasado y marzo del presente, declaró que el Minagri no contaría “ni con un sol” para finan-ciar, el año 2019, proyectos nuevos de infraestructura de riego. También afirmó que este año el porcentaje de participación del sector agrario en el presupuesto nacional (¡1.28%!) está decreciendo.(1)  

 

Nos estamos refiriendo a un sector -el agrario- que alimenta a todo el país, que da más em-pleo que cualquier otro sector productivo, del que dependen más de dos millones de fami-lias, que aporta alrededor del 11% del PBI nacional (2), que alberga un alto porcentaje de los pobres del país.

 

Durante la gestión de Mostajo se abandonó totalmente la implementación de la ley de agri-cultura familiar, promulgada en octubre del 2015, y nunca convocó, como se verá más adelan-te, a la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar. Fue un acierto que el ministro no fuera convocado para conformar el nuevo gabinete de Salvador del Solar.

 

¿Ha sido un acierto la designación de Fabiola Muñoz como reemplazo de Mostajo?

 

En realidad, cualquier reemplazo del ahora exministro Mostajo no tiene que competir con su gestión, pues la huella de su paso por el ministerio ha sido muy tenue. Pero le deja a su suce-sora, Fabiola Muñoz, la pesada carga de recuperar un tiempo perdido por inactividad. 

 

La nueva ministra viene de serlo en la cartera del MINAM, y antes de eso dirigió el Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Es abogada, lo cual dio lugar a algunas críticas que reclamaban que el MINAGRI debe estar bajo la responsabilidad, siempre, de un agró-nomo. La experiencia nos muestra, sin embargo, que ha habido ministros agrónomos bue-nos, regulares y malos. Lo propio ha ocurrido con los economistas en el MEF o los médicos en el MINSA. Para ser buen ministro o ministra se requiere una comprensión del sector en su conjunto y en su complejidad, y con una mirada de mediano y largo plazos, que permita to-mar decisiones sabias y adecuadas para enfrentar los desafíos del corto plazo. 

 

La ministra, cuya especialización es en derecho civil y del Ambiente tiene, además, una maes-tría en Política Social con mención en Género, un diplomado en Educación Intercultural y una especialización en resolución de conflictos. El MINAGRI mismo no es ajeno a su experiencia laboral pasada: fue asesora y luego secretaria general del ministerio en la primera mitad de la década del 2000.

 

En términos de formación y experiencia, parece acertado el nombramiento de la señora Mu-ñoz a la cabeza de la cartera de Agricultura y Riego.

 

Primer ofrecimiento de la ministra Fabiola Muñoz: poner en agenda la pequeña agricultura 

 

La flamante ministra inauguró su gestión con dos importantes declaraciones. La primera puso como el gran reto de su gestión lograr que el tema agrario y, sobre todo, la pequeña agricultura, en la agenda pública. La segunda, que es necesario apoyar la agroexportación y, para ello, extender la vigencia de la ley 27360 de Promoción del Sector Agrario hasta el año 2031 (su vigencia actual termina en el 2021).(3) 

 

No nos cabe la menor duda que ofrecer la puesta del sector agrario y la pequeña agricultura en la agenda pública es un gran acierto. En primer lugar, porque es el reconocimiento de que el sector y la agricultura familiar no están en la agenda pública, y que deberían estarlo. En los últimos dos años de la gestión del gobierno de Ollanta Humala hubo algunos intentos de visi-bilizar a la pequeña agricultura, con la aprobación de la Estrategia y la ley 30355 de Promoción y Apoyo de la Agricultura Familiar, en octubre del 2015. Se instaló, además, con carácter de permanente, la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Pero a) no hubo ninguna modificación en el presupuesto destinado a la agricultura familiar, b) no se elaboró un verdadero Plan (el que existe, que no ha sido aprobado aún, no es sino la sumatoria de las pequeñas intervenciones, no articuladas ni priorizadas, de los diferentes ministerios dirigidas a la pequeña agricultura),  y c) desde la gestión de Mostajo, la Comisión Multisectorial no ha sido convocada.

 

Poner en agenda la agricultura familiar: ¿qué significa?

 

En concreto, entonces ¿qué significa “poner en agenda” el tema agrario y la pequeña agricultura? ¿Se implementará finalmente la ley de Promoción y Apoyo de la Agricultura Familiar? ¿Con qué recursos? Obviamente no habrá modificaciones presupuestales de alguna significa-ción este año 2019. ¿Se tratará de coordinar con los gobiernos regionales y municipales alguna estrategia común, que ayude a orientar sus inversiones en beneficio de la pequeña agri-cultura? Aquí la ministra podría ejercer algún liderazgo y aprovechar los recursos descentralizados, pero no es tarea fácil pues es conocida la desconexión existente entre los tres niveles de gobierno. 

 

Si no hay plata, de todos modos se pueden dar señales importantes de la voluntad de “poner en agenda” el tema agrario y la pequeña agricultura. ¿Promoverá la ministra reuniones de trabajo con las organizaciones representativas de la pequeña agricultura? Ahí están Conveagro y el Pacto de Unidad, que reúnen entre ambas a las principales organizaciones agrarias. ¿Reavivará la ministra el Concejo Nacional de Concertación Agraria para la Reactivación y Desarrollo del Sector Agropecuario (CONACA), creado por ley 27965 en abril del año 2003, aún vigente pero inactiva? Recordemos la interesante composición de dicho Concejo: por el Estado, los ministros de Agricultura, de Producción, de Economía, de Comercio Exterior, un representante del presidente de la República y otro del Concejo de Ministros; luego, las organizaciones de productores agrarios. Finalmente, ¿de qué modo aprovechará la ministra el que la ONU haya proclamado el Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028), en reconocimiento “[al] papel que desempeñan las explotaciones agrícolas familiares para mejorar la nutrición y garantizar la seguridad alimentaria mundial, erradicar la pobreza y el hambre, conservar la biodiversidad, lograr la sostenibilidad ambiental y ayudar a encarar la migración”.(4)

 

Segundo ofrecimiento de la ministra Fabiola Muñoz: prolongar hasta el año 2031 la ley de fomento a la agroexportación

 

El segundo ofrecimiento de la ministra es seguir apoyando la agroexportación. En un reciente evento de la Asociación de Exportadores (ADEX), declaró: “La agroexportación en este país es una actividad de la que tenemos que sentirnos orgullosos, porque genera empleo, formaliza, usa de manera eficiente el agua, y coloca productos en el exterior que nos hacen sentir orgullosos a todos los peruanos”.(5) Más allá de que la agroexportación deba suscitar o no senti-mientos de orgullo, no deja de extrañar que la ministra, que viene de ser la titular nada menos que del ministerio del Ambiente, no repara que la agroindustria va acumulando críticas en el mundo precisamente por afectar negativamente el ambiente y los recursos naturales,  por contribuir a la reducción de la biodiversidad y por emitir gases de efecto invernadero.

 

Para materializar este apoyo la ministra considera importante la prolongación de la vigencia de la ley 27360 hasta el año 2031. A diferencia de su apuesta por la agricultura familiar que, como puede inferirse de lo ya dicho en la sección anterior, puede quedarse solo al nivel de un buen deseo, este ofrecimiento de apoyo a la agroexportación es muy fácil de cumplir, pues de hecho el apoyo a las agroexportaciones, particularmente a las grandes inversiones costeñas, es la única política de Estado desde hace ya tres décadas. 

 

Esta gran agricultura exportadora ha recibido desde el año 2000, y continúa recibiendo, subsi-dios de dinero público, que la ministra Muñoz propone continuar por una década más. Para ello, propone la prolongación de la vigencia del régimen de favor garantizada por la mencio-nada ley 27360, hasta el 2031. Más aún, sugiere que se amplíe a las actividades forestales y de acuicultura. 

 

Agroexportación y las condiciones laborales

 

La ministra ha expresado estar de acuerdo con las iniciativas congresales para que la ley me-jore en algo las condiciones laborales. En efecto, hay un dictamen dela Comisión Agraria del Congreso que propone modificar algunos artículos del régimen laboral que, como se sabe, reduce los derechos de los trabajadores rurales. Uno de los pocos sindicatos agrarios, y quizá el más importante, el de trabajadores de la empresa Camposol, rechaza dicho dictamen pues quienes serían afectados no fueron consultados y porque la propuesta mantiene diferencias con el régimen laboral general. 

 

El tema laboral es especialmente sensible, pues son contados con los dedos de la mano las empresas agroexportadoras que toleran la existencia de sindicatos. La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, afiliada a la CGTP, apenas cuenta con 15 sindicatos afilia-dos. Por lo tanto, la capacidad de negociación de los trabajadores de la agroindustria es casi nula.

 

Tarea pendiente

 

Esperamos que próximamente la ministra Muñoz dé mayores precisiones sobre como apoya-rá a la agricultura familiar, cómo reducirá los impactos negativos de la agroindustria al ambiente y cómo mejorará la condición laboral de aquellos sobre los que reposa la agroexportación: sus trabajadores. (Por Fernando Eguren)

 

*Fernando Eguren, Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES / abril 2019 (Publicado en Otra Mirada)