Chiclayo en Línea.- A lo largo de la historia, el trabajo del hogar ha constituido un pilar fundamental en la economía peruana, no obstante, es uno de los sectores con mayor informalidad. En 2020, la promulgación de la Ley N.º 31047 reconoció, por primera vez, a las personas trabajadoras del hogar los mismos derechos laborales que cualquier trabajador del régimen privado. Sin embargo, a seis años de su aprobación, la realidad evidencia una brecha urgente entre lo que la ley establece y lo que ocurre en la práctica.

Actualmente, cerca de 441 mil personas se dedican al trabajo del hogar remunerado en el país, y casi el 95% son mujeres. Asimismo, más del 40% son jefas de hogar y sus familias dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.

Para estas mujeres trabajadoras, la formalización sigue siendo un desafío. Apenas alrededor del 5% de las personas trabajadoras del hogar cuentan con un contrato escrito, herramienta clave para acceder a sus derechos como: seguro social de salud, gratificaciones, vacaciones o pensiones. “Esto reduce en gran medida su autonomía económica y su capacidad para tomar decisiones, ahorrar o salir de situaciones de violencia. Por eso, muchas trabajadoras del hogar continúan en una situación de vulnerabilidad económica intergeneracional, que limita su desarrollo profesional y restringe sus posibilidades de construir un proyecto de vida que les permita mejorar substancialmente su situación.”- Señaló Rocío Valencia, coordinadora nacional de proyectos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), solo el 8% de personas trabajadoras del hogar accede a EsSalud, el 20% se ha registrado en algún momento en la ONP, apenas el 1,5% accede a la CTS y únicamente 12,9% recibe gratificaciones conforme a la nueva ley. Asimismo, más de un tercio ha enfrentado situaciones de discriminación o maltrato en el ejercicio de su labor, muchas veces sin conocer las rutas para denunciar.

“No solo el trabajo se desvaloriza, sino también a las propias trabajadoras quienes enfrentan discriminación, estigmatización y un racismo estructural que afecta principalmente a mujeres indígenas y migrantes”. - Alertó Valencia.

Según el informe, el 71% de las personas empleadoras considera que la normativa “no les aplica”, lo que impide que miles de trabajadoras del hogar ejerzan los derechos que la ley les otorga. En ese contexto, siete de cada diez trabajadoras consideran que contar con un contrato mejoraría sus condiciones laborales, al permitirles acceder a seguridad social, protección legal y mejores oportunidades económicas.

Para la OIT, el desafío es urgente: convertir los derechos reconocidos en la ley en derechos efectivos en la vida cotidiana. Para avanzar hacia la formalización real, es imprescindible garantizar acceso a información clara, revalorizar el trabajo doméstico y de cuidado, fortalecer la cultura previsional y exigir mayor responsabilidad a los hogares empleadores. ( Nota de Prensa)(Foto OIT)