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“Se metieron con la generación equivocada” eran algunos de los carteles que miles de jóvenes llevaron consigo la noche del 14 de noviembre. Era el sexto día de movilizaciones que terminó con la vida de dos jóvenes de 22 y 24 años. Esa noche nadie durmió. ¿Cómo se duerme en un país donde los cuerpos de los jóvenes fueron el blanco de proyectiles disparados por la policía y se “desaparecen” 41 de ellos? Ese fue el hecho más álgido de esta crisis.
La crisis que atraviesa actualmente el Perú es la consecuencia de un proceso mayor y complejo que durante los últimos años se ha agudizado. Algunos sectores políticos críticos al sistema lo denominan crisis de régimen; el mismo que viene atravesando etapas y la actual, sería una etapa más que podría terminar abriendo la puerta de ciertos cambios estructurales.
Desde que se inició la investigación por el caso Lava Jato (2013), que implicaba la actuación de la empresa brasileña Odebrecht en cuantiosos sobornos a presidentes y funcionarios influyentes de los gobiernos de Brasil y Perú, la clase política tradicional de ambos países, fueron expuestos ante la opinión pública. Lo que en el 2016 estalló en un escándalo político que puso en cuestionamiento el orden institucional y las reglas de juego con las que organizaban el Estado.
La implicancia del caso Lava Jato en la política peruana viene trayendo como consecuencia que en los últimos tres años se lleven a cabo tres procesos de vacancia, se cuente con tres expresidentes investigados, un ex presidente que se suicidó, así como dos exalcaldes de Lima y decenas de funcionarios de distintos gobiernos con investigaciones y libertad restringida.
Esto en parte explica cierta orfandad de una clase política que empezaba a estar arrinconada por la justicia y la condena social pero que, ante un vacío institucional, normativo y de representación siguieron con las viejas prácticas del clientelismo, la corrupción y el abuso de poder.
Lo que vive hoy el Perú es la consecuencia de ese problema estructural y Manuel Merino no es la causa de ello, es la consecuencia de esta crisis de régimen que conduce una agenda propia totalmente distinta a los intereses de las mayorías ciudadanas. Mientras estos sectores grotescos pugnan por hacerse del poder fuera de la vía de la elección popular y discuten sobre repartos de puestos en el Estado, de jueces que cubran sus delitos o de líderes políticos que se oponen a una reforma electoral que los fiscalice; la ciudadanía se auto convoca y moviliza.
En los últimos meses, se ha orquestado un bloque corrupto que han venido armando un relato para poder justificar la vacancia y la alteración del orden institucional. Han llevado a cabo una interpretación antojadiza de la Constitución Política para poder justificar un gobierno ilegítimo. La primera trama de este proceso contra Martin Vizcarra, tuvo como ejemplo el caso de Richard Swing y los contratos que habrían favorecido sus ingresos laborales a cambio de servicios profesionales seriamente cuestionados por su calidad y eficiencia.
Hicieron de esta situación en escándalo que desencadenó el descontento ciudadano, en un contexto difícil para las familias peruanas que venían cuestionando algunas decisiones gubernamentales en medio de una situación pandémica, como la caótica entrega de bonos, la emisión de la suspensión perfecta de laborales, la insuficiencia de camas y respiradores, entre otros aspectos. El caso Richard Swing adquirió una relevancia tan mediática como si se estuviera hablando de un proceso histórico como el contrato Dreyfus. Cuando era totalmente irrelevante, pero se dio espacio para el primer intento de vacancia.
Un mes posterior a ello, tres aspirantes a colaboradores eficaces se acordaron que Martin Vizcarra recibió coimas y decidieron declarar al respecto. Más allá de que ello pueda ser cierto o no, ese fue el segundo relato a favor de la vacancia y la que se hizo efectiva a la brevedad. El, entonces gobierno de Martín Vizcarra, sobreestimó la breve aceptación popular y confió en la palabra de algunos dirigentes políticos. La orfandad de una bancada oficialista y de un partido político propio que le de soporte en momentos de tensión, lo dejaron sin mayor espacio para actuar frente a este bloque.
Estos son los partidos y dirigentes políticos más conservadores, corruptos y represivos que tienen el desparpajo de disparar a quemarropa a comunidades indígenas o de calificar a la población de los Andes de “llamas y vicuñas”. Este es el sector que tomó por asalto el poder y usurpó las funciones ejecutivas en circunstancias seriamente cuestionables desde el punto de vista constitucional y democrático.
El Perú tuvo seis días consecutivos de protestas masivas en todas las ciudades. Una movilización liderada por jóvenes y ciudadanos que de manera espontánea se auto convocaron y salieron a manifestarse en contra de un gobierno ilegítimo. Ciudanía heterogénea, de diferentes clases sociales, de distinta condición económica, ubicación geográfica y prácticas culturales diversas, lograron romper con el mito del temor a tomar la calle y del apoliticismo generacional.
Se ha hecho explícito la existencia de poder popular que pese a lo que nos han hecho creer durante décadas, existe y se expresa en protestas diversas que amplifican el grado de activismo y participación de una generación que basa su organización en las redes sociales como el Facebook, Instagram y el Tik Tok. Además de otras expresiones. Esa es la verdadera representación social de “ancha base”.
A su vez, hay nuevos actores sociales presentes en las manifestaciones que salen de la centralidad capitalina y cuya participación en la mesa de decisiones del Perú oficial, no cuenta con una silla permanente.
Quiero decir con ello que hay líderes regionales, comunales, indígenas, juveniles y locales que se están forjando en sus lugares de origen y que terminarán constituyendo un sujeto social que vislumbrará una representación que vaya más allá del elenco oficial actual. Es a estos actores a quienes no se les presta mucha atención pero que, sin embargo, pueden terminar asumiendo un rol importante en los próximos años.
Es por ello que la salida a esta crisis va más allá de la renuncia o vacancia del señor Manuel Merino y tampoco está en el Congreso, en términos políticos. En términos legales, el Perú no ha tenido antecedentes de este tipo y es por ello que el Tribunal Constitucional se pronunciará el próximo 18 de noviembre sobre la legalidad o no de la vacancia realizada al ex presidente Martin Vizcarra. Sentando un precedente para la historia.
El malestar de la ciudadanía pide cambios y no intercambios entre los mismos actores políticos que en estos momentos son responsables de haber provocado un quiebre institucional y constitucional. Lo que hay de fondo es la construcción de un proyecto de país que incluya a todos y que termine siendo impulsado por los legítimos representantes de esta construcción popular.
Hay una altísima responsabilidad en los sectores progresistas del país por reconstruir un nuevo pacto social basado en la defensa férrea de los derechos ciudadanos y los valores de la igualdad y la justicia.
Un nuevo correlato de esta historia va más allá de lo político y de la indignación. Se carece de una agenda ciudadana que haga contrapeso a lo que defienden los 105 congresistas que votaron a favor del caos y el descalabro del Estado. Una nueva o nuevas promesas de la vida republicana que logren mantener la unidad en la diversidad y en el inicio del desmantelamiento del principal candado que impide que se lleven a cabo reformas urgentes para la gente: la Constitución de 1993.
La propuesta va más allá del debate constitucional, sino que deben partir de la realidad misma. La pandemia ha develado la enorme precariedad y desigualdad en la que los jóvenes, mujeres, agricultores, mypes y diversidades, viven en un país con gran riqueza natural y cultural. El Perú merece cumplir el sueño de la vida republicana sin calco ni copia.( Por: Alejandra Dinegro Martínez – Otra Mirada)
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