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Chiclayo en Línea.- Con la participación de los Monitores Ciudadanos de Control (MCC), la Contraloría detectó que 262 municipalidades presentaron deficiencias en el registro y la publicación de documentación de compras de canastas básicas familiares en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Producto de la fiscalización ejecutada por los MCC, se pudo encontrar que 67 gobiernos locales no publicaron en el portal del SEACE la documentación relacionada a las contrataciones directas efectuadas para la compra de bienes que integraron las canastas básicas familiares que se dieron en el marco del Decreto de Urgencia N° 033-2020.
Asimismo, se detectó que 195 entidades publicaron en el portal del SEACE documentación incompleta, con inconsistencias y/o de manera extemporánea a lo establecido por la normativa de contrataciones.
En la región Áncash, 54 municipalidades no registraron en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado la documentación correspondiente a la regularización de la contratación directa para la adquisición de los bienes que conforman la canasta básica familiar durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
En la lista se encuentran las Municipalidades Distritales de: Huayllacallán, Mangas, Huallanca, Antonio Raimondi, Pacllón y Chiquian (Bolognesi), Anta (Carhuaz), Pariacoto, Cochabamba y Pira (Huaraz), Huachis, Rapayán, Huacachi, Huacchis, Ponto y Huari (Huari), entre otros.
Esos fueron los principales hallazgos obtenidos en los servicios de control que se realizaron tomando como insumo a los informes emitidos por un total de 548 Monitores Ciudadanos de Control a nivel nacional, quienes fueron capacitados por auditores de la Contraloría General de la República, y realizaron la vigilancia remota al cumplimiento de la regularización de la documentación de los municipios ante el SEACE.
Como se recuerda, el Decreto de Urgencia N° 033-2020 estableció la transferencia de recursos públicos a municipalidades provinciales y distritales para la compra y entrega de las referidas canastas, las cuales buscaban beneficiar a la población más vulnerable y con bajos ingresos, a fin de minimizar los efectos de las medidas de prevención en el marco de la Emergencia Nacional por COVID-19.
La vigilancia ciudadana que comprometió a los Monitores Ciudadanos de Control, se llevó a cabo en 17 departamentos del Perú y a partir de ello, la Subgerencia de Participación Ciudadana remitió reportes con situaciones de incumplimiento, los cuales fueron evaluados por la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y derivadas a la Subgerencia de Atención de Denuncias (SADEN) para la formulación de los servicios de control correspondientes.
En ese sentido, un total de 262 reportes de los MCC sirvieron de insumo para que los auditores de la Contraloría formulen igual número de Informes de Orientación de Oficio, los mismos que fueron comunicados a los respectivos titulares de los gobiernos locales a efectos de que se subsanen los hechos detectados.
El monto total de las compras realizadas por los gobiernos locales, que fueron evaluados en los servicios de control ejecutados, suma un valor total de S/ 19.1 millones.
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