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Chiclayo en Línea.- El contralor general Nelson Shack informó que el país perdió durante el año 2019 más de 23 mil millones de soles como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que se concentra principalmente en la ejecución presupuestal de los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación.
Fue durante la presentación del estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” elaborado por la Contraloría General que hizo una aproximación cuantitativa a partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior emitidos a nivel nacional durante el 2019, que fue extrapolado (calculado) al universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
El año pasado se emitieron más de 1400 informes de control posterior y se identificó un perjuicio económico superior a 921 millones de soles, pero eso no es todo lo que se habría perdido debido a que el control es selectivo.
De acuerdo a dicho estudio, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación (15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de 156 mil millones de soles.
Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio económico se registraría en Lima (S/ 10 359 millones), seguido inmediatamente por el Callao (S/ 1132 millones), Piura (S/ 1039 millones), Arequipa (S/ 966 millones), Áncash (S/ 804 millones), Cusco (S/ 768 millones), Junín (S/ 712 millones), entre otros.
A fin de contribuir a solucionar este problema en la administración pública, que se concentra principalmente en la ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma política y del sistema de justicia.
SUPERVISIÓN A REGULADORES
De otro lado, el contralor general anunció que en el mes octubre se iniciará un operativo de supervisión a los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores del Estado, con el propósito de identificar posibles hechos o situaciones adversas en su labor, con el fin de emitir alertar y contribuir a mejorar los servicios públicos.
Entre los organismos que serán supervisados figuran Osinergmin, Sunass, Osce, así como la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), Indecopi, OEFA, Osce, Osiptel, Ositrán, Sunafil, Sunarp, Sunass, Susalud, Sutran, Superintendencia del Mercado de Valores y la SBS.
El contralor señaló que este operativo responde a los reclamos y denuncias recibidas de ciudadanos que se han sentido desprotegidos frente a presuntos abusos por parte de empresas que brindan servicios públicos durante la pandemia.
“Se verificará cómo las entidades reguladoras y supervisoras están haciendo su trabajo, la aplicación de sanciones y la forma en que atienden los reclamos de los ciudadanos o usuarios. Asimismo, que viene ocurriendo con el cumplimiento de la regulación de las distintas entidades, lo referido a la regulación tarifaria y que está pasando con los temas arbitrales. Hay muchas denuncias sobre cobros excesivos en energía eléctrica y agua potable”, indicó el contralor.
DECLARACIONES JURADAS
El contralor general anunció la próxima presentación de un proyecto de ley para crear un sistema único que integre la presentación de las declaraciones de bienes, ingresos y rentas, y las declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses.
Señaló que se ha observado un bajo nivel de cumplimiento de las entidades que deben reportar a los funcionarios sujetos a la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, que para la Contraloría son importantes para realizar su labor de fiscalización. En el 2019, de las 3631 obligadas a reportar, sólo lo hicieron 622 entidades (17%) por lo que el incumplimiento que se observa será materia de supervisión.
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