Contraloría detecta riesgos en compra y entrega de tabletas a escolares de zonas rurales

Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República detectó riesgos que afectarían la compra de tabletas y otros equipos informáticos, que tiene a su cargo el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, como parte de la estrategia “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”, que serán para garantizar el servicio educativo no presencial, comprometiendo fondos públicos por S/ 930 millones.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1465 que estableció medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo, a través de la distribución de equipos a docentes y estudiantes de primaria y secundaria en zonas rurales.

Como parte de dicho proceso, según lo informado por el Minedu, se estima comprar 1 millón 56 mil 430 tabletas, más de 200,000 cargadores solares y medio millón de planes de datos que serán entregados a aproximadamente 966,293 estudiantes y 90,137 docentes de 27,837 colegios.

Plazos serían muy reducidos
Según el Informe de Hito de Control N° 5876-2020-CG/EDUNI-SCC, durante la etapa de actos preparatorios (que prevé el análisis e indagación del mercado, entre otros aspectos), apertura y evaluación de cotizaciones se formularon consultas por parte de los postores señalando la imposibilidad de cumplir los plazos del proceso pero no fueron recogidos por el equipo de trabajo del Minedu que tiene a cargo el proceso.

Inclusive desde la primera etapa de revisión de cotizaciones, las empresas participantes, informaron al Minedu sobre sus preocupaciones respecto a lo reducido de los plazos del proceso, considerando aspectos como las limitaciones de stock de tabletas a nivel mundial y que los términos de referencia requieren que se realicen prestaciones bajo condiciones materialmente imposibles de cumplir y sin las precisiones necesarias.

Durante el citado proceso, la Contraloría ha identificado que se alertó sobre un número de entrega de tabletas bajo plazos que impedirían hacer validaciones, las cuales son indispensables para el proyecto. Adicionalmente, los plazos no consideran las restricciones de traslado aéreo e incluso de transporte interprovincial, por el estado de emergencia, lo que impediría llegar con facilidad a zonas alejadas.

También que habría aspectos técnicos como que el contratista elegido asegure que las tabletas estén homologadas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pero el cronograma de acciones no considera un plazo para este procedimiento. Las empresas interesadas señalan que se debe tomar en cuenta que el cumplimiento de las características mínimas de las tabletas no asegura que estas puedan ser homologadas, sobre todo cuando dicha homologación debe realizarse respecto a la banda o frecuencia de diferentes operadores de telecomunicaciones.

Según el cronograma aprobado por el Minedu, la ejecución de la compra se efectuará en cuatro entregas, de las cuales las dos primeras tienen plazos de 38 y 68 días calendario, pero algunas de las empresas interesadas sugerían plazos superiores. Esta situación genera el riesgo de limitar la participación de postores, así como también la contratación de empresas que no cuenten con la experiencia y la capacidad técnica necesaria para garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega.

A esto se suma lo precisado por una de las empresas interesadas, que para llegar a obtener la certificación GMS exigida para las tabletas se tiene que pasar por procesos muy rigurosos ante Google, quienes luego de una verificación exhaustiva de toda la data entregada por el Minedu tienen que ser validados en aspectos de licenciamiento. Solo este proceso demoraría un tiempo aproximado de 35 días.

El informe señala que no obstante a los argumentos expresados por las empresas respecto a la imposibilidad del cumplimiento de los plazos establecidos en el requerimiento, el equipo de trabajo a cargo del proceso no recogió las consultas en cautela del cumplimiento de los objetivos de la contratación.

Esta situación afectaría el principio de competencia de este proceso, ya que según la Ley de Contrataciones del Estado, estos procesos deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y así obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público.

Procesadores de años diferentes
Por otro lado, el informe también evidencia que la propuesta presentada por el postor que cumplió con los requisitos técnicos establecidos en el requerimiento no cumpliría el requisito establecido en las especificaciones técnicas de ofertar tabletas con un procesador con fecha de lanzamiento de fabricación desde el año 2019, lo que genera el riesgo de que se adquieran tabletas que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas.

Como resultado de la evaluación de cotizaciones efectuada en la primera etapa se eligió a una empresa que cumpliría con las características técnicas para las tabletas. Sin embargo, se pudo verificar, de la información de la marca y características del equipo ofertado, que la página web oficial del fabricante evidencia que los tipos de procesadores registran fecha de lanzamiento de fabricación en los años 2018 y 2017, y no el año 2019 como lo requieren las especificaciones.

Otra observación detectada por la Contraloría es que las características mínimas exigidas para el Plan de Datos (internet) no incluyen algún ítem referido al compromiso de la empresa que asumirá dicho servicio y que asegure la conectividad en las regiones y centros poblados focalizados, en el supuesto que el contratista elegido no sea un operador de telecomunicaciones. Esto genera el riesgo de limitar la conexión y utilidad de los equipos.

Faltan acciones preventivas
Asimismo, se advierte que el Minedu, a la fecha de emisión del Informe del Hito de Control, no ha comunicado las acciones que se han adoptado para superar las situaciones adversas incluidas en el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 001-01-2020-CG/EDUNI-SCC, que fue remitido a la Viceministra de Gestión Pedagógica el pasado 18 de junio.

Dicho informe advirtió, primero, que los requisitos de calificación de postores, en materia de capacidad técnica y experiencia, no estaban definidos en el requerimiento de la compra en cuestión. En segundo lugar, el requerimiento de Plan de Datos incluye a centros poblados donde no habría cobertura de internet por parte de ningún operador de telecomunicaciones; y tercero, el jefe encargado de la Unidad de Adquisición de Recursos Educativos (UARE) de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos no se encuentra certificado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para participar en el equipo de trabajo responsable de las contrataciones vinculadas con la estrategia “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”.

Las situaciones adversas que identifica y da a conocer la Contraloría, en el marco del control simultáneo, no paralizan o suspenden proceso alguno, pero sí evidencian situaciones de riesgo que deben ser evaluadas y corregidas para contribuir al cumplimento de la finalidad pública, y en este caso es disponer de forma oportuna y eficiente de equipos que contribuyan a la educación de los estudiantes de primaria y secundaria en zonas rurales.