Poder Judicial impuso 43 condenas por corrupción de funcionarios en Lambayeque

Chiclayo en Línea.- Entre enero y setiembre de 2016, los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial han impuesto un total de 1,367 condenas por delitos contra la administración pública, la mayoría de ellas contra funcionarios del Estado, siendo los delitos más frecuentes el peculado, cohecho y colusión.

Lima Norte es el distrito judicial que registra el mayor número de sentencias condenatorias por corrupción, al registrar un total de 267, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Condenas.

Lima Centro registra 243 condenas por corrupción, seguido de Junín (90), Ayacucho (74), Lima Sur (65), Cusco (49), Apurímac (46), Lambayeque (43), Puno (40), Huancavelica (36), Huánuco (35), Arequipa (33), San Martín (33), Áncash (30), Amazonas (29), Ucayali (28)

Asimismo, los distritos judiciales de La Libertad (25), Ica (23), Moquegua (23), Santa (19), Callao (19), Loreto (18), Cajamarca (17), Piura (17), Ventanilla (12), Pasco (10), Madre de Dios (9), Tacna (8), Huaura (8), Cañete (7), Lima Este (7), Tumbes (3) y Sullana (1).

El delito de mayor incidencia es el cohecho activo, es decir, aquel cometido por quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público una coima (donativo), promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones.

Le sigue los cargos presentados por peculado (cometido por el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza dinero del Estado) y por colusión (cometido por el funcionario o servidor público que interviene en cualquier en la adquisición o contratación pública para defraudar al Estado).

Entre los sentenciados figuran autoridades y exautoridades regionales y municipales, magistrados y altos funcionarios que lucraron indebidamente, aprovechando el cargo que ostentaban.

Estas estadísticas se condicen con la política de lucha contra la corrupción emprendida por el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, la cual se caracteriza por sancionar drásticamente estos actos ilícitos tanto en el interior de la institución judicial como en el aparato del Estado.