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Chiclayo en Línea.- La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo logró que se declare fundada el pedido de prolongación de prisión preventiva por el plazo de 15 meses, para los exfuncionarios Jorge Inchaustegui Samamé y José Baca Távara, investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación Ilícita para delinquir y otros, en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El requerimiento fue formulado por la fiscal Pamela Elías Bravo, en concordancia con el artículo 274 del Código Procesal Penal, al existir una investigación bajo los lineamiento de criminalidad organizada y existir diversos actos de investigación complejos y prolongados en el tiempo, que hace advertir con facilidad el cumplimiento de dicho requisito.
Además, cuenta con diversos procesos especiales de colaboración eficaz, que hasta la fecha se encuentran en etapa de corroboración, encontrándose pendiente las etapas de acuerdo y aprobación judicial de ser el caso.
Igualmente, la posibilidad de sustracción del proceso por parte de los imputados en merito a los fundados y graves elementos de convicción que justificaron inicialmente la medida de prisión preventiva y que hasta la fecha no han sido desvanecido sino por el contrario la tesis incriminatoria con el transcurso del tiempo se ha venido fortaleciendo, advirtiendo una probabilidad cualificada de responsabilidad por lo que se podría advertir que los imputados podrían sustraerse de la justicia.
De los actuados se imputa a Jorge Inchaustegui haber participado dentro de la Organización Criminal liderada por el imputado Roberto Torres Gonzales, exalcalde de la Municipalidad de Chiclayo, por cuanto en su calidad de funcionario de confianza ejerciendo el cargo de Gerente de Urbanismo, realizó actos ilícitos en contubernio con la organización criminal relacionados a asuntos de su competencia y habría otorgado licencias de construcción, para edificios de ocho y nueve pisos cuando el acuerdo municipal 052-96-MPCH establece que en Chiclayo los edificios sólo deben ser de cinco pisos y que estas licencias se habrían otorgado con “coimas”. El comportamiento de dicho imputado estaba en confabulación con Roberto Torres Gonzáles.
En relación a José Baca Távara, era una de las personas claves para el manejo de los asuntos gerenciales y financieros, que importaba a la Organización Criminal y ocupó desde el año 2008 hasta el 2014, cargos importantes dentro de EPSEL y se habría dedicado a realizar actos ilícitos contra la administración pública como cohecho pasivo impropio, negociación incompatible, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Respecto al delito de Lavado de Activos se le imputa a Baca Távara que como producto de actividades ilícitas efectuó actos de conversión de dinero al haber adquirido bienes a su nombre como el vehículo de Placa de Rodaje M2U-500, un lote de terreno ubicado en la Urbanización Los Sauces Manzana C5 Lote 14, que a la fecha tiene una construcción de tres pisos más azotea, donde el primer y segundo piso de dicho bien inmueble tiene acabados con materiales de calidad y que el valor de dicha construcción superaría el medio millón de soles, no pudiendo justificar razonablemente su desmedido incremento patrimonial y que había mejorado notablemente desde el año 2008 cuando asume la Alcaldía el imputado Roberto Torres.
Por ello, el juzgado consideró que existen peligro de sustraerse de la justicia ya que la gravedad de la pena que postula la Fiscalía por los delitos investigados, imposibilita creer que van a concurrir voluntariamente a las diligencias tanto en investigación o juzgamiento y a la ejecución de la sentencia. (Con datos de nota de prensa)
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