Chiclayo en Línea.- El diario La República difunde hoy un reportaje en el que da cuenta de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en el Archivo de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
En esta investigación la Fiscalía descubrió que en setiembre de este año la municipalidad chiclayana, se habría pagado a si misma más de un millón de soles, dinero que correspondía al pago a una concesionaria que estaba encargada de ejecutar la obra de construcción de pavimento y veredas en el pueblo joven César Vallejo.
En la orden de servicio Nº 00910-2014, de fecha 16 de junio del 2014, la municipalidad da cuenta al Consorcio Corona S.A.C., cuyo representante legal es Rufino Marcial Benites Acosta, el monto de un millón 300 mil soles, por la ejecución de la obra en dicho sector. Sin embargo, tal como descubrió la Fiscalía, el dinero habría sido extrañamente pagado a la misma municipalidad, tal como lo indican los comprobantes de pago Nº 005682 por un monto de un millón de soles y el Nº 006302 del 12 de agosto por 300 mil soles.
Según el subgerente presente en la diligencia, Fernando Fernández, el dinero fue girado a la misma comuna y depositado en la cuenta de remuneraciones de la MPCh en el Banco de la Nación, por orden del ex administrador Hugo Matallana Peralta, hoy detenido por estar involucrado en el caso de “Los Limpios de la Corrupción”.
Sin embargo, tal como detallaron los fiscales en el acta, los cheques no estaban anexados a los contratos, por lo que no se conoce si estos fueron cobrados y quiénes lo habrían hecho, aunque Fernández aseguró que solo algunos funcionarios con firmas registradas, entre ellos el mismo Matallana, podrían retirar el dinero, por ser cheques no negociables.
El fiscal Juan Carrasco Millones aseguró que al solicitar información en el Banco de la Nación se determinó que, efectivamente, el dinero fue depositado en la cuenta de la comuna, aunque aún está por determinarse si el dinero fue cobrado.
Según reveló el magistrado, el hecho de usar el dinero que era para el pago a una concesionaria para otros fines ya determina el delito de malversación de fondos y de comprobarse que fue cobrado por los funcionarios se constituiría el delito de peculado.
Informó además que las investigaciones continuarán a fin de determinar si existen más casos similares sucedidos durante la gestión del suspendido alcalde Roberto Torres Gonzales.
CLAVE
Durante la intervención, los fiscales también encontraron numerosos contratos y pagos por publicidad, muchos de ellos en publicaciones como semanarios y revistas de baja circulación en la provincia. Sin embargo, la mayoría de avisos publicados, como por ejemplo saludos por fechas especiales, estaban valorizados en cifras superiores a los dos mil soles. (Fuente La República)
(Foto cortesía Policía Nacional)
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