Chiclayo en Línea.- Mediante una visita inopinada, las autoridades del Ministerio Público, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Gerencia de Energía y Minas de Lambayeque, llegaron hasta la reserva Ecológica de Chaparrí, en el distrito de Chongoyape, verificando la tala ilegal de algarrobos y trabajo minero.
En la diligencia se constató que en el sector 2 de la reserva se aperturó un canal con maquinaria pesada, cerca de la cabecera del reservorio de Tinajones. El ducto tronco-cónico tiene 0.80 cms. de base, lado inclinado de 1.50 mts. y 2.50 mts. de diámetro externo, con una extensión entre 500 a 600 metros.
En la zona afectada se comprobó la existencia de zonas de cultivo, presumiendo que la apertura del canal cumple dicho fin sin contar con la autorización de la entidad competente.
Se verificó que producto de los trabajos se talaron árboles de algarrobo jóvenes con hacha y también se ha extraído material no metálico utilizado para la construcción de viviendas.
La diligencia que tuvo por objeto prevenir delitos contra la Depredación de Bosques Protegidos estuvo a cargo de la fiscal Ana Amelia Tiravanti Martínez, de la Primera Fiscalia Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo, con la Ing. Kelly Sinacay Montalvo, de Serfor; y los Ings. Janina Florres Arrasco y Federico Sánchez Sánchez, de Energía y Minas.
Para las autoridades dichos trabajos han causado daño ecológico en el lugar y que el cambio de uso del suelo no autorizado para generar zonas agrícolas constituye una infracción muy grave a la legislación forestal vigente.
Por esta razón, la representante del Ministerio Público solicitó a las autoridades asistentes los informes técnicos respectivos para la apertura de un proceso penal contra los investigados Lázaro Rodas Morales y Marco Antonio Díaz Castillo, Directivos de la Comunidad Muchik Santamaría.
Finalmente, se indicó que los presuntos autores del ilícito habrían incumplido normas y están inmersos en el delito contra la Depredación de Bosques Protegidos e Ingreso Ilegal al Territorio Nacional de Residuos Peligrosos, previstos en el artículo 310 y 307 - A del Código Penal. (Con datos de nota de prensa)
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