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Chiclayo en Línea.- La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana María Aranda Rodríguez, indicó que algunos jueces o auxiliares jurisdiccionales que incurrieron en faltas muy graves durante el desempeño de la función jurisdiccional y que fueron comprobadas en el desarrollo de las investigaciones disciplinarias realizadas por el órgano de control del Poder Judicial; fueron determinantes para emitir medidas cautelares de suspensión en el ejercicio de la judicatura o en casos muy graves, para elevar las propuestas de destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Este es el caso de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), magistrados Ricardo Ponte Durango, Miguel Ángel Lozano Gasco, Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra y Franklin Rodríguez Castañeda, en el que la OCMA elevó las propuestas de destituciones el 20 de julio de 2015 ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) luego que culminara el procedimiento disciplinario seguido por el órgano contralor.
Las investigaciones señalan que dichos jueces incurrieron en irregularidades, entre las que se encuentra la falta de motivación de sentencias que emitieron cuando se desempeñaban en la Sala Penal Liquidadora Permanente, estableciendo incluso, reducciones de penas por debajo de los límites legales permitidos en procesos penales por delitos graves y de gran trascendencia social, como son los casos de delitos contra el patrimonio -robo agravado- y contra la libertad sexual –violación-. Esta vulneración a la motivación se produjo también, en el desarrollo de un proceso por Tráfico Ilícito de Drogas (TID), en el cual se varió el mandato de detención por uno de comparecencia del procesado.
Ana María Aranda sostiene que los referidos magistrados, con la emisión de sus resoluciones, han generado la perturbación del servicio de impartición de justicia, al permitir que autores de graves delitos hayan sido favorecidos, con lo cual se afectó a la sociedad. (Redacción Central)
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