Defensoría pide a entidades públicas acción efectiva frente a incremento de feminicidios en el país

Chiclayo en Línea.  – Ante el incremento registrado el año pasado en el número de feminicidios, la Defensoría del Pueblo pidió a los sectores estatales correspondientes acción efectiva al respecto.

Las cifras estadísticas que maneja dicha institución dan cuenta de que el 2023 se registraron 150 casos de ese tipo en todo el país. Esto representa un incremento de 14 feminicidios con respecto al 2022.

De igual manera, en similar periodo se registraron 99 intentos de feminicidio que no se concretaron.
“Es fundamental que el Estado, en todos los niveles de gobierno, fortalezca y priorice aspectos cruciales como la prevención, atención y sanción de los casos de violencia hacia las mujeres, contando para ello con una política pública que priorice la atención de medidas concretas”, remarcó la adjunta para Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Diana Portal.

En tal sentido pidió una respuesta diligente, rápida y efectiva a los sectores encargados de prevenir, atender y sancionar este tipo de casos. Apuntó que el tratamiento de estos se encuentra sometido a trabas diversas.

Obstáculos para la justicia

“Como parte de estos obstáculos hemos podido identificar las demoras en la geolocalización de las víctimas, las cuales previamente son reportadas desaparecidas; y el tiempo excesivo que se toma para disponer el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los principales sospechosos”, indicó.

Portal señaló también que se ha detectado la falta de una debida diligencia y salvaguarda de la cadena de custodia de las evidencias relacionadas con el delito; así como demoras en los exámenes forenses, cambios de fiscales y la ausencia de incorporación de los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad durante las investigaciones.

Ejemplo de ello es el reciente fallo de la Segunda Sala de Apelaciones del Callao en el caso de Solsiret Rodríguez, que –dijo– evidencia la falta de una debida diligencia desde el inicio de las investigaciones.

“Desde la toma de la denuncia se revictimizó a sus familiares, hubo demoras en la investigación fiscal y no se recogieron las pruebas de manera oportuna, entre otros obstáculos”, indicó.

La defensora adjunta consideró necesario también culminar la implementación del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, ya que permitirá contar con datos de los antecedentes de violencia de las víctimas y medidas de protección brindadas. Este opera solo en ocho distritos fiscales, refirió.(Fuente Andina)