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Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República determinó que diversas instancias del Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Nacional (Provias Nacional) autorizaron irregularmente la contratación de la obra de culminación de la autopista Pimentel – Chiclayo, en la región Lambayeque, la entrega del terreno y el inicio de ejecución de los trabajos, lo que ocasionó un perjuicio en contra del Estado por el monto de S/ 1 178 679.70.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 025-2021-2-0661-SCE, emitido el 29 de noviembre del 2021, se pudo conocer que antes de elaborarse y aprobarse el expediente técnico de la obra de culminación de la construcción de la citada autopista, que demandó una inversión de S/ 17 139 636.25, se había advertido de interferencias tales como instalaciones de servicios de agua potable y alcantarillado, redes eléctrica y redes telefónicas.
También se advirtió de la existencia de terrenos y predios privados que debían ser liberados, con la finalidad de contar con la plena disponibilidad física de los terrenos en las áreas o zonas donde se ejecutarían los trabajos correspondientes a la referida obra, tal como lo requiere la normativa sobre contrataciones del Estado.
En ese sentido, el expediente técnico de la obra desde su elaboración ya advertía sobre la permanencia persistente de interferencias y de la falta de liberación de terrenos, que hacían inviable el ejecutar los trabajos en el plazo de 180 días calendario previsto en el expediente técnico.
Pese a ello, Provías Nacional convocó el procedimiento de selección para la contratación de dicha obra, a pesar que el área responsable persistía en informar sobre la continuación de interferencias y de falta de liberación de ciertos predios existentes en la zona donde se ejecutarían las obras, lo que evidenció que claramente no se podría contar con la libre disponibilidad de terrenos para ejecutar las obras en el plazo de 180 días establecido en el expediente técnico.
Al respecto, la entonces Unidad Gerencial de Estudios recomendó, de manera reiterada, a la Unidad Gerencial de Obras dar un plazo de tres meses para resolver los problemas de falta de disponibilidad de terrenos y liberación de interferencias, pero solo se pospuso el inicio de la obra por un plazo de un mes, para lo cual se suscribieron dos adendas con suspensiones de 15 días, pero no se logró solucionar la disponibilidad física del terreno. Luego Provías Nacional previó el pago del adelanto al contratista y procedió a hacer entrega de los terrenos disponibles.
El informe de control señala que la continuidad de las interferencias y la falta de liberación de los predios a ser afectados, no permitió que se ejecuten los trabajos de acuerdo al cronograma y plazo establecido en el contrato suscrito entre Provías Nacional y la contratista ejecutora. El resultado de ello es que se aprobaron hasta cinco ampliaciones de plazo de las obras con reconocimiento y posterior pago de mayores gastos generales variables a favor del contratista.
Según el análisis de la comisión de control, estos hechos contravienen lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, que expresamente señala que para el caso de la contratación de obras se deberá contar, entre otros, con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutarán los trabajos.
Esta irregular situación generó que la entidad se vea obligada a aprobar ampliaciones de plazo por un período de 99 días y el consiguiente reconocimiento y pago de mayores gastos generales variables a favor de la contratista ejecutora de obra hasta por la suma de S/ 1 178 679.70, que representa perjuicio al Estado debido a que el pago de los mayores gastos generales variables fueron directa e inmediatamente generadas porque los trabajos de obra contratados se tuvieron que ejecutar en plazos mayores a los previstos.
El informe subraya que la situación detectada se generó debido a que las decisiones de los responsables de aprobar el inicio del procedimiento de selección, de la entrega del terreno y del inicio de obras, quienes conocían sobre la permanencia de las interferencias y la falta de liberación de ciertos predios en la zona donde se ejecutarían las obras, afectaron negativamente a la disponibilidad física del terreno.
En ese sentido, se detecta presunta responsabilidad civil y administrativa en dos personas que ocupaban los cargos de Director Ejecutivo del Provías Nacional y Gerente de la Unidad Gerencia de Estudios.
Ante los hechos revelados, el informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Provias Nacional recomienda al Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizar las acciones que correspondan para el deslinde de las responsabilidades del exfuncionario de Provias Nacional comprendido en los hechos irregulares. Mientras que al actual Director Ejecutivo de Provias Nacional se le recomienda efectuar las acciones para el deslinde de responsabilidades de la otra persona implicada en los hechos.
La tercera recomendación es al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dar inicio a las acciones legales civiles contra ambas personas comprendidas en los hechos con evidencias de irregularidad.
El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
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