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Chiclayo en Línea.- El reciente informe de gestión “Control en la pandemia por la COVID-19”, elaborado por la Contraloría General, ha reflejado las deficiencias en la gestión pública frente a los efectos de la COVID-19, por lo que es necesario que las actuales y próximas autoridades gubernamentales tomen decisiones oportunas en atender las principales demandas de la población en temas como el abastecimiento de oxígeno medicinal y agilizar la vacunación de peruanos.
Con relación a las plantas y concentradores de oxígeno, la Contraloría detectó, entre otros hechos, una inadecuada gestión para la adquisición e instalación de equipos; adquisición de dispositivos que no cumplían con los requisitos mínimos para su abastecimiento y observaron falta de control en el abastecimiento y almacenamiento de oxígeno en distintas partes del país.
Cabe resaltar que el oxígeno medicinal es primordial para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19 que atraviesan problemas respiratorios. Por ello, es importante atender con prioridad la alta demanda de este elemento que puede salvar la vida de más peruanos y que lamentablemente escasea en algunos centros de salud.
Vacunación
Los resultados del control también evidenciaron que existen problemas en el proceso de vacunación, por ejemplo, inadecuada programación de jornadas de vacunación, generando saldos de vacunas al final de cada jornada; falta de protocolos de utilización de saldos de vacunas; indebida disposición de residuos biomédicos generados durante el proceso de vacunación; sustracción y pérdidas de vacunas; lento avance en el proceso de vacunación de la población objetivo de la primera fase; transparencia en las bases de datos de los vacunados, entre otros.
Este proceso de vacunación, que representa la solución más eficaz a nivel mundial y el esfuerzo más importante de cada gobierno para prevenir el contagio de la COVID-19, es también una prioridad en la decisión de los gestores públicos, según se señala en el informe de la Contraloría.
En ese sentido, se recibieron alertas de que la vacunación no se estaría efectuando según la priorización establecida por el Ministerio de Salud en el interior del país, la cual debería desarrollarse respetando los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, empezando por personal del sector Salud, Defensa, Interior y adultos mayores.
Para la Contraloría resulta prioritario que se concrete la recepción de las dosis de vacunas adquiridas por el Estado peruano y, con ellas, aumentar la velocidad en la vacunación de la población a fin de que se cumpla la meta establecida por el gobierno de que todos los peruanos mayores de 18 años hayan recibido la vacuna hasta el 31 de diciembre del presente año.
Deficiencias alertadas
Las deficiencias detalladas en el documento son el resultado de los más de 12 mil informes elaborados, notificados y publicados durante el primer año de la pandemia, y que requieren una atención prioritaria por parte de las autoridades actuales y futuras.
“A pesar de los esfuerzos desplegados, y los más de S/ 133 millones asignados para enfrentar la pandemia por la COVID-19, el aparato estatal demostró serias debilidades institucionales y deficiencias que no han permitido que se tomen decisiones oportunas para la contención del virus, las mismas que serán un foco prioritario para la labor de control durante el 2021”, aseguró el contralor general, Nelson Shack.
Reporte de contagiados
Otra situación preocupante, es la falta de transparencia y consistencia en el reporte de contagiados y fallecidos a causa de esta enfermedad. Las cifras reportadas por las Direcciones Regionales de Salud superan largamente a lo registrado y publicado por el Ministerio de Salud. Del mismo modo, el número de fallecidos reportado por el MINSA, al 15 de marzo, estaría subestimado en 138% comparado a lo reportado por el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Mientras que, para finales de abril, el porcentaje asciende a 176%.
Verificación rigurosa
Estas son solo algunas de las evidencias del control desplegado a nivel nacional, y que se encuentran desarrolladas en el informe de gestión, donde los equipos de trabajo identificaron 21 400 alertas para facilitar la determinación de los errores u omisiones en las que se estaban incurriendo. Para ello, el contralor general anunció que en este segundo año de intervención a la pandemia se verificará con rigurosidad la desatención a las advertencias sugeridas y el perjuicio que generan con la falta de acciones pertinentes.
En el 2021, la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (SNC) intervendrá con el control posterior a quienes generaron algún perjuicio por no atender oportunamente las alertas detectadas por los auditores. Esta labor de control requiere también de gestores públicos responsables que recojan las recomendaciones y tomen acciones correctivas o preventivas para reducir las incidencias en su gestión.
Nota:
- La Estrategia de Control de la Emergencia Sanitaria COVID-19, se desarrolló en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria.
- El informe “Control en la pandemia por la COVID-19” se encuentra publicado en la página web de la Contraloría, sección Publicaciones.
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