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Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República iniciará en mayo un operativo de control posterior para identificar y deslindar responsabilidades por los problemas registrados en el funcionamiento de los Centros de Aislamiento Temporal para pacientes con COVID-19, entre centros en establecimientos de salud y de seguimiento comunitario, que estuvieron a cargo de EsSalud, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Direcciones Regionales de Salud, entre otras entidades públicas.
Durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, el contralor general, Nelson Shack, precisó que se realizará una acción de control posterior integral con relación a la entrega oportunidad de los bienes, puesta en operación y capacidad de atención de todos los Centros de Hospitalización Temporal y Centros de Aislamiento priorizados a raíz de la COVID-19.
“En todos estos centros de aislamiento se han encontrado una serie de problemas, algunos corregidos y otros no. Hay que recordar que con el control concurrente evidenciamos, en muchos de ellos, una serie de situaciones que debieron corregirse, identificamos riesgos y emitimos recomendaciones que debieron implementarse. Producto del control simultáneo, ya hemos recopilado información para iniciar un operativo de control posterior y así determinar si la finalidad pública se cumplió o se vio frustrada por trabas burocráticas que afectan al ciudadano”, comentó en la sesión de la Comisión Especial COVID-19.
Control gubernamental a la COVID-19
Durante la sesión, el titular de la Contraloría General de la República mencionó que al 31 de marzo de 2021 se han emitido 12 701 informes de control en el marco de la pandemia por la COVID-19, de los cuales 12 545 corresponden a informes de control simultáneo, 152 de control posterior y cuatro de control previo.
A nivel de sectores intervenidos, la mayor parte se concentra en el sector de Protección Social con 8712 informes (68.6% del total) y en el sector Salud con 1717 informes (13.4%). Por nivel de gobierno, se emitieron 2383 informes a entidades del Gobierno Nacional (18.8%), 8427 a nivel del Gobierno Local (66.3%) y 1891 (14.9%) a nivel de Gobierno Regional.
En el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, la Contraloría puso en marcha la estrategia de control a la vacuna contra el coronavirus y que registra un total de 649 informes de control simultáneos emitidos al 31 de marzo del presente año y donde 638 se desarrollaron bajo la modalidad del control concurrente a diferentes hitos que sigue la vacuna en el país.
Como resultado de esta labor se identificaron, entre otros casos, las pérdidas de vacunas y la vacunación irregular de funcionarios públicos en regiones como Huancavelica, Arequipa, Cusco Tacna, Loreto, entre otras.
Informes sobre vacunación irregular
En otro momento de su exposición, Shack Yalta estimó que en junio se tendrían los resultados de los servicios de control que se han iniciado a diversas entidades públicas involucradas en los casos de vacunación irregular de funcionarios públicos y familiares.
Sobre este caso, que involucra a 120 funcionarios públicos aproximadamente, detalló que ya hay comisiones de control acreditadas ante el Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), el Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Auditoría de Desempeño
Finalmente, el titular de la Contraloría anunció que durante el presente año se realizará una Auditoría de Desempeño sobre la gestión del COVID-19, con la finalidad de analizar sus efectos sanitarios y económicos.
“Hay que ser conscientes de que el Perú es uno de los países que más ha sufrido (por la COVID-19) no solo en la región sino a nivel mundial. Esta primera aproximación de un balance general se dará a conocer en las próximas semanas”, comentó.
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