Caral, metáfora del estado y la cultura en el Perú

Chiclayo en Línea.- Aprovechando la emergencia sanitaria que produjo el confinamiento que dispersa las fuerzas de seguridad por atención a la pandemia, falsos agricultores han invadido y perpetrado actos predatorios contra Caral, la zona arqueológica de trascendental importancia, a 180 Km. Al norte de Lima (Supe-Barranca).

La cultura Caral es la madre de América. Desarrollada entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo, contemporánea de las de Mesopotamia, Egipto, India y China, esta civilización surgió siglos antes que cualquier otra cultura pre hispánica. 

Por dicha condición la UNESCO la ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Ubica al Perú y su historia como una de las 5 fuentes civilizatorias de la humanidad. Antigüedad que supone conocimiento y organización social.

Esta condición potencia enormemente nuestra arqueología, historia y cultura, que en el contexto de la sociedad del conocimiento y la globalización, se convierte en poderoso factor de atractivo turístico mundial, ya establecido por Machu Picchu. Lo amplía y consolida.

Falsos agricultores quieren hacer chacra del área arqueológica

Desde mayo-junio del 2020, varias familias han invadido y construido casas precarias y sembrado plantas de paltos y mangos. Al típico estilo de los invasores de tierras eriazas que en muchos lugares del litoral peruano, invaden áreas pertenecientes al Estado peruano o a comunidades campesinas, “toman posesión” mediante estos procedimientos expeditivos ilegales,  solicitan el derecho de posesión, para luego solicitar la propiedad del bien.

En el caso que denunciamos no se trata de tierras eriazas sino de áreas legalmente establecidas como zona arqueológicas. Que cuenta con toda la fundamentación científico-académica: El sitio arqueológico Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N.° 720/INC del 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N.° 256-2011-VMPCIC-MC del 3 de marzo del 2011. Y desde el 2009, declarado Patrimonio cultural de la humanidad.

Legal patrimonial: a través de la Res. N.° 138-2006/SBN-GO-JAD, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, emitida el 16 de noviembre del 2006, se declaró la transferencia patrimonial predial de Caral a favor del INC. Está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como propiedad del Ministerio de Cultura, con el código N.° 80027096, acreditan y legitiman su pertenencia a la Zona Arqueológica Caral- ZAC. La pertenencia legal de estos terrenos a la ZAC es incuestionable.

Tierras de enorme valor comercial

Una hectárea cultivable con tierra de buena calidad y provisión de agua, como es en el área invadida, tiene un valor de mercado de $ 25-30 mil dólares americanos. Aquí estamos hablando de aproximadamente 40 Has. Lo que hace cerca de un millón de dólares. Estando en producción con plantas de 4-5 años su valor se duplica, serían dos millones de dólares a la vuelta de tres o cuatro años. Así que de pobres agricultores, ni un pelo. Tráfico de terreno y voracidad de dinero simple y llanamente.

La denuncia de la ZAC, dice que estos invasores provienen de la ciudad de Barranca, no residen en la zona; que levantan precarias viviendas y realizan instalación de plantones, para dar la imagen de que residen en la zona y tienen áreas ya cultivadas. Un verdadero montaje para dar visos de legalidad al operativo de afectar el área arqueológica y ganar dinero a costa del estado y nuestra cultura.

Carlos Almerí Veramendi, congresista de Podemos que apadrina a los invasores

El señor Almerì, transitorio inquilino del parlamento, no ha tenido mayor inspiración que cobijar bajo sus paternales alas al grupo de invasores de Caral. Para otorgar cierta apariencia de carácter social a este despropósito ha llamado a los traficantes de terreno, “agricultores emprendedores”, que merecen el apoyo y protección legal de las autoridades.

De esta manera neutraliza y deja sin piso las acciones judiciales y policiales de los encargados de Caral, que en varias ocasiones han visto fracasadas las acciones de desalojo de las áreas invadidas.

Los encargados de la zona arqueológica han denunciado que la policía y las autoridades municipales se hacen de la vista gorda ante estas acciones atentatorias del patrimonio arqueológico, que cuentan con la protección de Almeri.

Don dinero se da la mano con don Almerì y neutralizan la acción de la justicia. 

Congresista Almeri pide Mesa de Diálogo que legitima a los traficantes.

Carlos Almerí, congresista por las filas de Podemos Perú, se ha proclamado “el defensor de los agricultores” del Valle de Supe. En tal condición,  presiona a las autoridades judiciales  y policiales, y  ha llegado al extremo de enviar un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 11 de enero último, solicitando una Mesa de Dialogo pues según él, “agricultores del valle de Caral han sido afectados con la destrucción de sus cultivos”.

El mundo al revés. Una autoridad  parlamentaria apoyando a los que violan la ley. Solicitar la Mesa de Dialogo, lejos de establecer un canal de comunicación o de acercamiento entre las partes, es legitimar las acciones criminales de los traficantes de tierra puesto que otorga visos de legalidad a sus acciones criminales, y condición de contraparte en una situación de conflicto, que existe solamente por su invasión.

En otras palabras, según dicha solicitud, los representantes de la Zona Arqueológica Caral estarían actuando abusiva e ilegalmente, provocando una situación de conflicto social que la Mesa de Dialogo debe ayudar a resolver.

Esta intervención irresponsable e impertinente del congresista Almerì, envalentona a los traficantes y los empodera a tal punto que realizan amenazas y ataques violentos contra el personal del proyecto arqueológico y rechazan las decisiones judiciales y la presencia policial.

Han llegado a tal extremo, que Ruth Shady, directora del proyecto Caral, se vea obligada a realizar serias denuncias, “Estamos recibiendo amenazas de personas que se están aprovechando de las condiciones de pandemia para ocupar los sitios arqueológicos e invadirlos para establecer cabañas, pasar maquinarias por las tierras... destruyen lo que encuentran", dijo Shady durante una entrevista. Y agrega: "Un día llamaron al abogado que trabaja con nosotros y le dijeron que lo iban a matar junto conmigo y nos iban a enterrar cinco metros debajo del suelo" si persistían los trabajos en el lugar, denunció.

Esta conducta mafiosa es consecuencia de un accionar coordinado entre los traficantes y ciertas autoridades como el congresista Almeri, puesto que las acciones ilegales y criminales que realizan los traficantes de tierras, encuentran su complemento en las gestiones  oficiales (solicitud de Mesa de Dialogo) mientras son protegidos para evitar el desalojo.

Sheraton versus muro inca en el Cusco, precedente resuelto acertadamente

Un acto de lesa cultura equiparable al de Caral se produjo el año 2012, cuando la cadena de hoteles Sheraton quiso ampliar su cadena y para edificar un nuevo local, destruyó un muro inca de más de 500 años de antigüedad en el centro histórico del Cusco. Contraviniendo normativas legales realizó la construcción de un hotel de siete pisos.

Luego de un largo y engorroso proceso judicial, que se prolongó por la actitud ambigua y concesiva de algunas autoridades locales y regionales, finalmente la Corte Suprema sentenció, el año 2019, la demolición del edificio y la restauración del muro inca dañado. Previamente, el año 2016, multó a Sheraton con dos y medio millones de dólares por la infracción cometida.

Comisión de ética y no Mesa de Dialogo para Almeri

Este congresista en lugar de cumplir sus obligaciones principales, elaborar y promulgar leyes, fiscalizar el cumplimiento de la legislación existente, y representar los intereses de los ciudadanos se dedica a proteger grupos delictivos. De Almerì lo poco que se conoce es su vinculación con los traficantes de tierras que atentan contra Caral, violando las disposiciones legales existentes y presionando a autoridades judiciales y policiales para que no sean sancionados.

Este congresista debiera ser sometido a la Comisión de ética en lugar de pedir que se forme una Mesa de Dialogo contra la Zona Arqueológica Caral.

Es abundante la cantidad de actos ilegales y criminalidad que se cometen desde el poder político o con su apoyo. Es una de las razones por la que la política ha ido perdiendo legitimidad. El propio Estado ha debilitado seriamente su condición de garante de la justicia y protección del interés común.

Pocas cosas son tan valiosas para el bien común, la historia y la identidad nacional de un pueblo como su cultura.

Defender Caral, tribunal ético para Almeri. 

(Por: Vicente Otta R.)