Bicentenario: Por una coalición progresista

​Chiclayo en Línea.- Segunda parte: La revisión sumaria de los planes de gobierno publicados por los organismos electorales revela una clara coincidencia de las fuerzas políticas-aun de las más alejadas- sobre la naturaleza del proyecto compartido de Nación. Todas aspiran a una nueva normalidad que haga prevalecer la igualdad social, un reparto equitativo de los frutos de la economía y la estabilidad política e institucional necesaria para una sensata toma de decisiones. ¿Qué debería hacerse, cuáles serían las cifras bases de un acuerdo de las candidaturas de una coalición progresista? 

¿Cuál es la manera efectiva y sostenible de multiplicar el empleo y los ingresos, de reducir la pobreza y luchar contra la corrupción? ¿Como mejorar la calidad de vida de la población del país, de aumentar la competitividad y, por lo tanto, de iniciar un crecimiento y desarrollo socialmente integrador? ¿Qué rol juegan las sobrevivientes clases medias y trabajadoras? ¿tendrán un rol activo y decisor?  Veamos los números de esas políticas públicas indispensables.

CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD 

Un requisito fundamental es impulsar el crecimiento acelerado con estabilidad macroeconómica. Significa crecer fuerte con bajas tasas de interés que favorezcan la inversión, pero también una baja inflación que beneficie ultima ratio al consumidor de bienes de subsistencia. Obreros, empleados, campesinos, trabajadores urbanos y rurales, autoempleados. Nótese que el consumo de hogares es el principal componente (2/3) de la demanda agregada. Entre ellos están los hogares de los peruanos más pobres. De allí la necesidad ineludible de programas de ingresos que sostengan la demanda, igualen el acceso al consumo mínimo y generen los incentivos para superar la pobreza y el actual patrón clasista de desigualdad social. Sin olvidar que cuanto más crece el mercado de consumo de los hogares, más crece la economía. 

Siendo el gasto público un animador de la demanda, por ello habrá que derrotar cualquier pretensión recesiva del resultado fiscal que afecte el consumo. En una frase se requiere un plan macroeconómico de urgencia que, mirando al 2025, sea útil para orientarnos hacia una nueva normalidad de otro tipo, protegiendo el consumo esencial de a la gente y sus derechos.

Este plan deberá acompañar un proyecto productivo de la envergadura que requiere el Perú para crecer sostenidamente por encima de su producto potencial, a un ritmo promedio no menor al 6% durante el periodo 2021- 2025 y fundar lo que sea útil para tentar una mayor tasa de crucero que nos permita duplicar el PBI cada diez años.

POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Sera necesario un régimen de baja inflación y de estabilidad cambiaria. Para mantener el poder adquisitivo del ingreso de la gente postulamos una trayectoria quinquenal de baja inflación basada en el esquema institucional de metas explicitas de inflación del BCRP. Los precios se deslizarían en un rango meta que tendrá un objetivo central en  2.5% promedio anual con una desviación no mayor de un punto hacia arriba (3.5%) y hacía abajo (1.5%).

El tipo de cambio real de equilibrio será estable y competitivo. Aumentarán las reservas internacionales netas y se fortalecerán las reservas propias del BCRP.  Las remesas de peruanos en el exterior a sus familiares dentro del país serán plenamente respetadas.

En este esquema institucional de estabilidad, la política financiera y cambiaria estará a cargo del Banco Central de Reserva, cuya posición de política será expansiva.

El directorio será independiente y autónomo tanto de objetivo como de instrumento; manejo que optimizará el uso, el retorno y la gestión de nuestras Reservas Internacionales.

Y que también velará por el crecimiento del nivel de actividad de la economía y el crecimiento del empleo.

El Reporte de inflación informará periódicamente de la evolución de las finanzas nacionales. El directorio del BCRP fijara las metas explicitas de inflación de mediano y largo plazo, usando de las más recientes técnicas de previsión macroeconómica, reglas de transparencia y rendición de cuentas.

La función de reacción de la política monetaria durante el periodo tendrá una regla operativa basada en la tasa de interés interbancaria en moneda nacional

La regla de la política monetaria incorporara los efectos del desvío de la inflación observada y la inflación meta; la brecha entre el producto potencial y el producto observado; la productividad del trabajo, las variaciones de las expectativas de los agentes. Y, en análisis dinámico, considerara los factores inerciales y la evaluación probabilística de la ocurrencia de los factores de riesgo (como la pandemia de la corona virus 19 o de los sismos) entre los escenarios posibles de potenciales desastres naturales o el cambio brusco de expectativas de los agentes por causa mayor.

El logro de un tipo de cambio estable y flexible, gestionado en el marco de un esquema de libre movilidad de capitales, ni piso ni techo, integra el diseño institucional de política monetaria y cambiaria.

Que incluye el fortalecimiento del sistema de pagos y la sofisticación de los medios de transmisión de la política monetaria hacia tasas de interés de largo plazo. Usará protocolos operativos de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario para moderar la volatilidad de las transacciones que puedan conducir a significativas apreciaciones o depreciaciones de la moneda. Incluye la respuesta al riesgo de una brusca alteración del cambiante entorno financiero internacional.

Este tipo de política, usando a la tasa de interés de referencia de la autoridad monetaria, actualmente en 0.25 por ciento, y la flotación de la moneda extranjera, permitirá defender oportunamente al mercado monetario, si fuera el caso de una amenaza de inestabilidad; estimular el mercado del crédito, en especial, el crédito bancario como fuera inicialmente el caso en la lucha contra la pandemia, rediseñando un renovado Fondo de Reactivación económica (y del FAES) destinado a las PYMES y MYpes, convocando a subasta pública de los recursos programados y disminuyendo progresivamente el spread y el nivel de la tasa activa de interés en varios plazos y carteras de inversión, compatible con estándares internacionales. 

Y por allí adaptar sutilmente la estructura de precios relativos surgidos de la respuesta a una catástrofe como la vivida en el 2020--2021 a favor de un arreglo macro que estimule la producción no-primaria con mayor capacidad de multiplicación de empleo afín de atender tanto el mercado de crédito y la demanda laboral.

Por esta razón también se propone que el BCRP tenga un rol atento y precavido junto con el MEF, SMV y la SBS, así como el CEPLAN en el seguimiento del funcionamiento mercado financiero.

De modo que, ante la variación de la tasa de interés de referencia de grandes naciones, caso la FED-USA o UE y las disrupciones que podrían causarse en los mercados de capitales, las operaciones financieras se regulen con sentido protector de cuidadoso análisis de riesgo.

Sobre todo, de la actuación de fuertes jugadores del mercado en divisas, caso del límite operativo del portafolio de inversiones en el exterior de las Administradoras de Pensiones. Este funcionara   bajo la autoridad de la SMV y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, de aprobarse nuevas formas de gestión del régimen de   pensiones.

Este esquema de política monetaria emplearía cada vez más  los bonos del tesoro y algunos otros instrumentos de intervención de naturaleza cuantitativa, aunque sin parentesco con la tradicional manipulación de saldos en cuenta corriente de los bancos usados por enfoques monetaristas de  política que antaño destruyo los contratos en soles, dolarizó el portafolio bancario, que   quiso incluso dolarizar el conjunto de la economía para luego, ciertamente aplicarle un violento shock, que la llevo a quebrarla y terminar de desnacionalizarla.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL CRÉDITO

Se democratizará el acceso al crédito incrementando la eficiencia de la intermediación financiera, profundizando la solarización gradual y voluntaria de los agentes y transacciones. 

Se, afirmará el rol transaccional de la moneda en soles y mejorará sustancialmente la supervisión y regulación del sistema financiero para sustraer al público de los riesgos de una elevada volatilidad.

La democratización del acceso al crédito requiere la inserción y ampliación de avanzados sistemas informáticos de interoperabilidad que simplifiquen y logren la reducción de las barreras creadas por la segmentación entre bancos, grandes demandantes y el resto de usuarios y clientes.

Conviene la aplicación de criterios regulatorios que reduzcan la exposición al riesgo de concentración concertada de la oferta crediticia. Urge la mejora de los coeficientes de bancarización y el perfeccionamiento de los instrumentos de protección al ahorrista como la sanción a prácticas usurarias.

Seguirán las operaciones de reporte con garantía del Gobierno Nacional que han demostrado su originalidad y eficacia para movilizar el flujo del crédito hacia los sectores productivos a cada vez menores tasas de interés.

Por lo que seguirá siendo un elemento esencial del esfuerzo de los mercados para lograr un sistema de crédito seguro y económico, calificando estrictamente a los operadores.

Los intermediarios especializados en microfinanzas y micro créditos serán alentados a gestionar portafolios de crédito en medio rural andino amazónico y en los ámbitos periurbanos de las capitales provinciales; impulsando la desconcentración, la bancarización y descentralización financieras.

POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA

La política fiscal será contra cíclica y usará estabilizadores automáticos- El Estado que aspiramos será muy austero, libre de corrupción, sin burocratismo y justo.

La política fiscal será rigurosa y transparente en que, una vez obtenida la consolidación del saldo fiscal -en tres años-, se asegurará una trayectoria decreciente hacia el 2026 en que el déficit estructural no superará el 1.5 % del PBI.

Urgen enérgicas medidas de ahorro fiscal y aumento de ingresos que aseguren su sostenibilidad y logro del objetivo de plazo. Para ello, la reforma tributaria integral aumentara la base tributaria y llevara la recaudación del 14% hasta 18% del PBI en los próximos cinco años. La reforma tributaria dará más peso a los impuestos directos y progresivos.

Para mejorar la eficiencia en la recaudación e introducir el criterio de equidad acorde con la necesaria redistribución del ingreso y ampliación de mercados, la reforma digital de la SUNAT será la estrategia principal que hará mejorar la eficacia de la recaudación.

La SUNAT ampliará la base tributaria y aduanera facilitando el registro y actualización informática de las empresas y transacciones.

Seguirá combatiendo la elusión, la evasión y las prácticas ilegales como el contrabando, la minería informal, la tala ilegal, el narcotráfico, la trata, el tráfico de tierras, el lavado de activos, etc.

Lucha anticorrupción cuyos resultados servirán para financiar una mejor calidad los servicios básicos constitucionalmente a cargo del Estado.

Se eliminarán todas las exoneraciones, excepciones y ventajas tributarias.

Habiendo cumplido con sus propósitos originales se revisarán, en dialogo con las partes, los contratos de estabilidad tributaria y los contratos de estabilidad jurídica vigentes.

Y se estimara el retorno nacional del ROE de las actividades que fueron beneficiadas por tales contratos (depreciación acelerada, tipo de cambio, remesa de utilidades a matrices…) y la conveniencia del régimen de devoluciones de impuestos.

No habrá más convenios de Estabilidad Tributaria. Tampoco regímenes especiales. Ni normas anti elusivas que vulneren derechos constitucionales-

Lo que se consagrara en la reforma constitucional es un nuevo régimen de atractividad de las inversiones extranjeras. Revisaremos el resultado de las exoneraciones tributarias regionales y sectoriales, insertando mecanismos compensatorios interregionales si fuera el caso.  Aplicaremos un impuesto a las sobreutilidades sectorialmente definidas.

Aplicaremos el principio de justicia distributiva, eliminando las tasas por moras y otras sanciones que resulten en que los adeudos a la SUNAT se tornan superiores al valor de los créditos activos

La Reforma Tributaria Integral, incorporará incentivos a las industrias nacientes, a la reinversión de utilidades de las empresas productivas. Se hará mediante créditos tributarios aplicables también a la construcción para la edificación de unidades vecinales de viviendas, garantías e hipotecas de edificaciones familiares e infraestructura vial y turística local.

También se modificará el sesgo procíclico de la política fiscal mediante la profundización de una regla fiscal contra cíclica, previa opinión del consejo fiscal, comité asesor presidido por el Colegio Nacional de Economistas e integrado por especialistas en la formulación y actualización del marco macroeconómico multianual y el presupuesto público.

Así, mediante estas reglas se liberará a la inversión pública de las presiones hacia su reducción cuando oscilen los ingresos fiscales o disminuyan durante las fases recesivas del ciclo.

Al modificarse el rol subsidiario del Estado, modificando el artículo 60º.  de la actual constitución, el Estado estará facultado a participar en pie de igualdad en las actividades vinculadas principalmente con la oportuna provisión de servicios, la lucha contra la pandemia y el abastecimiento de   energía e insumos básicos.

El Estado actuara mediante todo tipo de iniciativas empresariales, solo o asociado en empresas de capital mixto y/o privadas, o como detentor de acciones en el portafolio de empresas público-privadas, a través de FONAFE y COFIDE, liberando excedentes para su reinversión en proyectos de inversión priorizados.

Se revisarán los contratos establecidos para la explotación del gas de Camisea y el Estado evaluara los resultados de las investigaciones Fiscales de todos los casos en que haya afectado el patrimonio público.

POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA

Habrá una auditoria de la deuda pública, actualmente estimada en 37% del PBI. Evaluaremos la gravitación de la deuda externa privada empresarial sobre la composición de la deuda agregada. Y modificaremos la estructura del financiamiento del gasto público, reduciendo la exposición de la deuda a riesgos de mercado y alargando su duración, e incrementando al máximo la participación de la deuda interna en moneda nacional sobre el valor total de la   deuda.

De esta manera aseguraremos la sostenibilidad de la política fiscal y le haremos más espacio a la inversión pública.

Continuaremos el alivio del servicio de deuda pública- que ha crecido fuertemente en el periodo de la pandemia- que serán consolidadas en los próximos años-

El instrumental de la gestión prevé usar herramientas entre las que se encuentran: las operaciones de prepago, sustitución de deuda externa por interna, nuevas por viejas; canjes de bonos, coberturas de tipos de cambio y swaps de tasas de interés y, se continuarán los canjes de deuda por donación e inversión.

Especial énfasis se hará en canjes de deuda en soles por medio ambiente, por educación, e inversión en infraestructura pública.

Se profundizará el mercado doméstico de deuda soberana que permitirá modificar la actual estructura del financiamiento del gasto financiero y no financiero, aumentando la participación de la deuda pública interna en el total y minimizando el riesgo cambiario hasta hacerlo imperceptible.

El fortalecimiento del mercado interno de deuda pública en soles permitirá mantener un perfil de endeudamiento público con niveles de riesgo aceptables, incrementando la participación de la deuda interna en el total de la deuda pública. Este mercado genera una curva de rendimientos que constituye una referencia indispensable para que el sector privado emita deuda en la misma moneda y plazos semejantes. Se trata de fortalecer la relación entre el mercado doméstico de capitales en soles y el mercado de deuda pública interna.

Un aspecto central debiera ser la consolidación del mercado doméstico de capitales, en que los agentes superavitarios (exceso de liquidez) tienen distintos activos financieros no monetarios para preservar el valor de su dinero.

En este mercado, los propietarios privados nacionales (deficitarios), pequeños, medianos y grandes firmas pueden emitir distintos instrumentos de deuda en distintos plazos para financiar sus inversiones productivas.Nótese que la curva de rendimientos que se forma sirve de referencia de las tasas de interés para el sector privado y contribuye al mejoramiento de la relación ahorro-inversión productiva doméstica, que se realiza a través del mercado de capitales, haciéndolo más líquido y profundo

Construir y alargar la curva- actualmente de un siglo- permite a los inversionistas locales acceder a una fuente alternativa de financiamiento y a la desdolarización del portafolio bancario, a la vez que protegería mejor al país de las crisis financieras internacionales.

El Estado debe seguir jugando un rol fundamental en el desarrollo del mercado de capitales confirmando una tasa de referencia a través de la emisión de instrumentos de deuda a cada vez mayores plazos, y mediante su interacción con entidades financieras, a fin de estimular la inversión no publica en el país.

Estas actividades deben ser parte de una iniciativa estatal porque los operadores tienden a padecer del problema del bien común, en donde deben participar activamente la SBS, SMV y el BCRP.

CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Se perfeccionará la metodología de asignación de recursos presupuéstales, (estimados en 183 mil millones de soles para el 2021 (PIA) y un crecimiento igual a la inflación anualizada), mediante avances normativos que cambien el enfoque primariamente incremental que mantiene las estructuras de gasto de los años previos. Habrá una asignación programática centrada en la inversión, la descentralización y la movilización de recursos en plazos superiores al año.

Mejorará la calidad del gasto público monitoreado por grupos escoltas de las instancias subnacionales. Se priorizará acciones que garanticen la inclusión de la gente a las redes de servicios básicos, a los peruanos más pobres y necesitados.

El presupuesto 2021 ya está formulado y aprobado por el gobierno saliente por lo que se hará una revisión en la fase transicional. Además, se harán evaluaciones ex post sobre la ejecución presupuestal para medir su incidencia en las decisiones de asignación de recursos de cada periodo. 

Adoptaremos cambios en la fase de programación y formulación siguiendo las recomendaciones normativas del actual Acuerdo Nacional que en adelante se convertirá- por iniciativa legislativa en el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y social, cuya secretaria ejercerá el Instituto de Planificación, antes CEPLAN que se fusionará con el ACUERDO NACIONAL.  También habría reformas en la fase de aprobación del presupuesto 2021-2022 y de la evaluación, temas sobre los que regresaremos luego como la higiene de las prácticas de asignación presupuestal.

CONFIANZA, PREDICTIBILIDAD Y AVERSION AL RIESGO

La Segunda ola de la pandemia, la desaceleración forzosa de la economía, la paralización de las actividades en el país y el retorno en V del nivel de actividad (i) en U del empleo, son condicionantes de la coyuntura que debemos terminar de superar mediante una visión compartida.

Exigen rehacer un marco macroeconómico predecible para el quinquenio que se avecina. Y prever  prudentes tácticas flexibles y acordes con las necesidades de cada uno de los subperiodos del quinquenio de la post pandemia en los distintos espacios de la heterogénea formación socioeconómica peruana. Estrategia gradualista de la Republica para la sana recuperación del crecimiento económico y el bienestar social: Bien vivir en un proyecto compartido y democrático de Nación, sociedad y Estado. Por:  Gonzalo García Núñez* - publicado en Otra Mirada)

(i) Planes; Ver in  https://drive.google.com/drive/folders/1RiqHdqcj5McYOyFilHZiLQuyLUIvhI0w

* Ingeniero, ha sido director del BCRP 2001-2006, Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, Decano Nacional del CIP.