Contraloría advierte que se pretende debilitar labor con propuesta del Congreso

​Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la existencia de un predictamen en la Comisión de Fiscalización del Congreso que pretende debilitar su labor de fiscalización y de sanción frente a actos de corrupción, generando impunidad.

Mediante un comunicado,  el órgano auditor precisó que se trata de una propuesta legislativa sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública que distorsiona el proyecto original de la Contraloría respecto a la materia.

Detalló que la fórmula, elaborada por la Comisión de Fiscalización, debería implicar el retorno inmediato de la capacidad de la Contraloría para sancionar administrativamente por responsabilidad funcional, sin embargo, desnaturaliza ese principio.

La institución fiscalizadora advirtió que si se aprueba el referido predictamen, no se podrá sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión o actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos.

  

Asimismo, indicó que el predictamen propone una serie de cambios que no tienen amparo legal y alteran la organización del Estado. Por ejemplo, plantea convertir al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) en una institución adscrita a la contraloría.

Reproducimos el comunicado en su totalidad a continuación:

Ante el predictamen elaborado por la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría General del Congreso de la República sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública que debería implicar el retorno de la capacidad de la Contraloría General para sancionar administrativamente los casos de corrupción e inconducta funcional se informa lo siguiente:

 

1)      Expresamos nuestra preocupación porque el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la finalidad de los proyectos de Ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipificar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional

 

2)      La presidencia de la Comisión de Fiscalización no aceptó convocar a la CGR a una sesión, tal y como ha sido solicitado de manera formal el 20 de noviembre, para sustentar ante los miembros del grupo de trabajo los argumentos técnicos y jurídicos de nuestra institución.

 

3)      Ante ello, debemos alertar que con la desnaturalización en la que incurre el predictamen no se podrán sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión u otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos. Y como ejemplo, podemos citar aquellos asociados al incumplimiento de las disposiciones e informes técnicos vinculantes que emiten los órganos rectores de los Sistemas Administrativos, como OSCE, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, entre otros, así como directivas y procedimientos internos en materia de contrataciones públicas menores a 8 UIT’s llamadas menores cuantías.

 

 

4)      Se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones de la CGR. Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el funcionario infractor termina “sancionado débilmente” por quien lo nombró en el cargo.

 

5)      Asimismo, se propone que el reglamento de la nueva ley sea elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado mediante decreto supremo. Ello busca afectar la autonomía de la CGR consagrada por la Constitución y claramente representa un retroceso en la consolidación del Sistema Nacional de Control.

 

6)      Respecto al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), el predictamen introduce cambios que no tienen amparo legal, como convertirlo en un Tribunal como institución adscrita a la CGR lo que dificultará la unidad de criterio y cumplimiento de las disposiciones que emita este Organismo Superior de Control, así como limitará la gestión administrativa, y de los distintos sistemas de información que interoperan para la correcta función de control. El TSRA es y ha sido un órgano resolutor con autonomía para sus decisiones jurisdiccionales. Ello también ha sido reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional.

 

 

Por todo lo expuesto, la propuesta de predictamen debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la corrupción y la inconducta funcional y retrasa el principal objetivo del proyecto de ley, generando incertidumbre y acrecentando la sensación de impunidad en la ciudadanía. Consideramos indispensable que los miembros de la Comisión deben ser informados adecuadamente para que se realice un debate técnico.