Chiclayo en Línea.- Los dramáticos enfrentamientos que se están produciendo en la costa peruana por la huelga de trabajadores de las empresas agro exportadoras por que exigen mejores condiciones laborales y salarios justos, y que el Estado legisle a favor de la población trabajadora, nos debe llevar a comprender que estamos frente a un movimiento social que marca un inicio de nuevos movimientos sociales en el Perú.

Considerar que ya no estamos frente a conflictos sociales sino a movimientos sociales con características particulares me parece más apropiado para el análisis de la profunda crisis que atraviesa el país.

Los reportes de la Defensoría del Pueblo ya venían advirtiendo del incremento de los conflictos sociales aún en medio de la pandemia y de la inmovilidad social (supuestamente). Como se podrá apreciar en el gráfico adjunto, la cifra de conflictos se mantenía constante y alta, pero constante; y se explica porque su tratamiento estaba sujeta a largos procesos de negociación que mantenían activa la conflictividad.

Dos hechos nuevos potenciaron la ya crítica situación de conflictividad: la pandemia generada por el COVID 19 y la crisis política. El tremendo impacto del cierre de la mayor parte de la actividad productiva y comercial, la suspensión de actividades y la inmovilización social, que en un principio se pensó sería por pocos meses, de pronto, la devastadora expansión del virus generó despidos masivos de trabajadores, cierre de negocios forzó a que cientos de pobladores retornen a sus pueblos, ante la desesperación de no contar con ingresos y el peligro de quedarse expuesto al contagio y muerte que subían sostenidamente,

Se pensó que el cierre del Congreso el 30 de septiembre 2019 y la convocatoria a elecciones congresales iba a amenguar la crisis política. No fue así. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso alcanzó los niveles más altos de conflictividad que derivó en una crisis sin precedentes: el Congreso vacó al presidente Vizcarra por “incapacidad moral comprobada”, designó a Manuel Merino como presidente; ante el rechazo espontáneo de la ciudadanía en la mayoría de las ciudades y la tremenda confrontación en las calles y plazas, éste renunció; renunció también la mesa directiva del Congreso que lo eligió; la nueva directiva del Congreso designó a Francisco Sagasti como presidente de transición. No obstante, la crisis política se mantiene, al mismo tiempo que los conflictos sociales se incrementan.

La crisis política que vive el país no es un hecho de los últimos meses. El antecedente inmediato de la actual crisis se inicia con el cierre del Congreso el 30 de septiembre. Si se pensó que la decisión del presidente de Vizcarra de convocar a elecciones congresales resolvería la confrontación Ejecutivo – Legislativo, pues se equivocaron, no solo porque se intensificó este conflicto, sino porque la persistencia del conflicto evidenció que en el Perú se arrastraba una larga crisis política cuyos picos más altos se alcanzaron durante el periodo de gobierno 2016 – 2020.

Es en este proceso que los innumerables conflictos sociales sentaron las condiciones para el resurgimiento de los movimientos sociales con las particularidades que a continuación detallamos.

LA OPORTUNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Es necesario diferenciar un Conflicto Social de lo que es un Movimiento Social. Los conflictos sociales deben ser estudiados como parte de un proceso histórico y las tendencias y regularidades que se van formando, que pueden llevar a cambios significativos de la sociedad1

Los Conflictos Sociales, como lo define Charle Tilly, tienen como base las grandes y profundas desigualdades. La desigualdad, “es un producto histórico, resultado de la explotación, el acaparamiento de oportunidades…, está sujeto al accionar humano; consiste en la distribución dispareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales  tales como individuos, las categorías, los grupos o las regiones2. “La desigualdad y exclusión existente son, a su vez, producto de un proceso histórico3.  No obstante, siendo los conflictos una interacción entre dos o más actores, pueden acotarse a una mesa de negociación entre las partes.

Un Movimiento Social, tal como lo definen autores como Sydney Tarrow, sólo debe ser considerado como tal “cuando las acciones colectivas se basan en redes compactas y estructuras de conexión y utilizan marcos culturales consensuados orientados a la acción, en donde podrán mantener su oposición en los conflictos4.  Los movimientos más que una expresión de violencia y privación, es una consideración de desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridades en una interacción mantenida con las elites, los oponentes o las autoridades.

La existencia de cierto número de acciones de protesta no constituye por sí misma un movimiento social, “a menos que estas acciones sean percibidas tanto por los simpatizantes como por los oponentes como parte de un movimiento mayor, por muy radicales que sean permanecerán aisladas y no se acumularán”5.

¿Cuáles son los desafíos colectivos que afrontó la sociedad peruana que va desde los primeros años de la caída del fujimorismo a la fecha? De manera somera podemos destacar las que considero importantes:

1. Los cambios sustanciales a un modelo económico que en su manifestación superficial mostraba el crecimiento económico y el fortalecimiento de los grupos de poder económico controlando el poder político, pero que, a la base, incrementaba las profundas desigualdades sociales y económicas existentes.

Ahora se reconoce que el crecimiento de las empresas agro exportadoras, con los beneficios por más de veinte años, se sustentaba en el pago de jornales básicos, menos impuestos y un menor aporte a EsSalud (4%) para atender a los trabajadores; esto último generó que los costos de atención a la salud de los trabajadores de esas empresas se sostuviera con el subsidio de los otros aportantes al seguro de salud que pagaban el 9% del salario básico. 

Aunque quizá el rasgo más grave de este modelo es que se basó en la liquidación de los sindicatos y de los mecanismos de negociación colectiva. Cierto que el sindicalismo peruano tenía ya una larga crisis y que, para finales de la década del ochenta, el movimiento sindical había perdido protagonismo.

La nueva política económica impuesta durante el fujimorismo para proteger a las agro exportaciones se basó en la eliminación de la negociación colectiva de los jornales y el desconocimiento de los sindicatos de trabajadores y jornaleros. Esto se tornó más crítico con el protagonismo de las denominadas “services” como mecanismo de intermediación entre la empresa y el trabajador para evitar así asumir costos laborales que, por lo demás, no era externo al modelo: todas las empresas, grandes o medianas. La factura de este modelo lo estamos pagando hoy: este movimiento de los trabajadores no tiene a la base organizaciones sindicales con los cuales dialogar, y eso lo torna más explosivo y violento.

Eso ha pasado también con los conflictos de las comunidades nativas y organizaciones campesinas contra las inversiones de las industrias extractivas.

Tarde el Estado reconoció que a la base de las protestas de las comunidades estaba la mejor redistribución de la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales. Una ley de canon mal aplicada y peor distribuida fue la base de los reclamos que han tornado explosivo la relación de los pueblos con las empresas extractivas. Más aún, generó expectativas de dirigentes y pobladores por la distribución inmediata y directa de los recursos; mentalidad rentista que tornó insaciable y sin perspectivas la relación empresa - comunidad.

La pandemia evidenció los graves problemas de la salud pública, no solo por la falta de infraestructura y de profesionales de la salud. Cierto que a la base de todo estaba la manera cómo los gobiernos desde Fujimori en adelante, no realizaron las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria y la dotación de personal médico y de técnicos de la salud.

Una muestra de ello es que antes que se declare la pandemia en el país había un déficit de más de 50 mil médicos en los hospitales y una cifra muy superior a los 100 mil de enfermeras, técnicos de la salud, La crisis de la pandemia desnudó esa horrible precariedad de la salud pública. A ello debemos añadir que en una situación de grave crisis el gobierno fue permisivo en el desempeño de las clínicas privadas y farmacias que expoliaron los escasos recursos de la población por las increíbles tarifas de las medicinas y la atención de clínicas privadas, el Estado no pudo aplicar los mecanismos de control necesario.. .

Los conflictos que se produjeron en torno a estos problemas ya no eran, ni son posible de resolverse en este marco de reglas que sustentaron el modelo económico creado por el fujimorismo y sustentado por los grupos de poder económico. Las actas de negociación y acuerdos de mesa de diálogos bordean más de mil; algunos de los acuerdos son imposibles de cumplir ya sea porque los firmaron sin tomar en cuenta los cambios políticos que ellas contenían, ya por la magnitud de los recursos que compromete. .

2. La demanda por una ciudadanía de pleno derecho. Quizá no se percataron que luego de la caída de la dictadura de Fujimori, la recuperación de la democracia no solo era solo elecciones libres; lo que fue germinando en los desordenados procesos de conflictos y movilizaciones sociales fue una concepción democrática de los ciudadanos: ser consultados en las decisiones que afectaban su entorno social.

El denominador común en algunas movilizaciones ciudadanas era su derecho a ser consultado de las decisiones del poder como por ejemplo el caso de la aprobación por el Congreso de la denominada “Ley Pulpín”. La consulta previa que demandaban las comunidades nativas respecto de la autorización de los proyectos de explotación de los recursos que se encontraban en sus territorios, tenía una relación directa con la exigencia ciudadana de que leyes fundamentales que apruebe el Congreso o el Ejecutivo considere sus opiniones y sus intereses.

LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL PERÚ

Respecto de las particularidades del movimiento social que fue configurándose en el periodo 2010 – 2020, podemos señalar dos:

En primer lugar, la desconfianza ciudadana en el poder político se incrementó cuando poco a poco se fue descubriendo la descomunal red de corrupción en la que estaban todos los presidentes de la República, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales. Más aún, comprobar que los grupos de poder económico sostenían esa relación corrupta entre la política y la economía, incrementó la exigencia de un mayor control del poder político y una mayor transparencia en la gestión pública.

En segundo lugar, la demanda de ser consultados por el poder político. Las reiteradas movilizaciones sociales que se produjeron en las dos últimas décadas han estado marcado por la exigencia de los ciudadanos de ser considerados, de ser consultados por el Gobierno o por el Parlamento antes de aprobar leyes.

Hubo cuatro manifestaciones que evidenciaban que estábamos frente a un renacer de movimientos sociales, liderados por jóvenes indignados:

1. Las movilizaciones del 22 de julio del 2013 contra la decisión del Congreso de la República de designar a los titulares del Tribunal Constitucional (seis magistrados) – Defensoría del Pueblo (el presidente)– Banco Central de Reserva del Perú (tres directores), mediante un escandaloso acuerdo de repartirse dichos cargos entre sus allegados.

Si bien los acuerdos en el Congreso para designar a sus titulares de instituciones clave son de s